La financiación local vuelve a situarse en el centro del debate público. La implantación de la nueva tasa estatal de residuos, configurada por la Ley 7/2022, está generando una oleada de conflictos prácticos: criterios de cálculo dispares entre municipios, dificultades para acreditar el coste del servicio, interpretaciones divergentes sobre su obligatoriedad y un aumento notable de reclamaciones ciudadanas. Lejos de aportar claridad, la tasa ha evidenciado hasta qué punto el sistema tributario local —fragmentado, heterogéneo y con una fuerte dependencia de la tecnología de terceros— carece de la solidez necesaria para absorber nuevos instrumentos fiscales sin generar disfunciones.
A este contexto se suma la reciente publicación del Libro Blanco para la Reforma de la Tributación Local, que diagnostica con precisión quirúrgica las debilidades del modelo actual: la proliferación de figuras impositivas mal diseñadas, la inseguridad jurídica derivada de normas dispersas o desactualizadas y la falta de capacidad material de los municipios para gestionar eficazmente tributos cada vez más complejos.
La coincidencia de ambos elementos —una nueva tasa que ya está provocando conflictos y un diagnóstico técnico que reclama una reforma profunda— ha colocado la financiación local de nuevo en la agenda pública.
Además, esta fragmentación ha situado a las Haciendas Locales en una encrucijada estructural, marcada por la insuficiencia de medios materiales y una creciente dependencia tecnológica. Esta realidad las obliga a apoyarse en proveedores privados para ejecutar buena parte de la gestión tributaria, especialmente en los ámbitos de la recaudación y la inspección, donde la externalización de funciones públicas genera especial preocupación.
El resultado es paradójico: el sistema tributario municipal permanece anclado en un marco normativo analógico, mientras su operativa cotidiana se desarrolla en un ecosistema digital controlado por empresas privadas, cuyos intereses económicos no siempre se alinean con el interés general ni con los principios de la función pública.
Esta situación obliga a replantear las bases mismas del modelo, ¿es sostenible seguir gestionando los tributos municipales con un esquema fragmentado, heterogéneo y crecientemente privatizado?. Ya no se trata solo de ajustar la técnica recaudatoria o mejorar procesos administrativos: es imprescindible reformular las figuras impositivas para simplificar el sistema, eliminar tributos ineficientes que cuestan más de lo que ingresan, y abordar con decisión la centralización de infraestructuras tecnológicas bajo control público, garantizando así la soberanía administrativa, la transparencia y la eficiencia en la gestión.
En definitiva, la gestión tributaria local se enfrenta hoy a una encrucijada estructural. El modelo vigente, heredado de un contexto analógico, ha quedado obsoleto frente a una realidad digital y tecnológicamente avanzada. Las entidades locales mantienen estructuras duplicadas, sistemas heterogéneos y dependencias crecientes de proveedores privados, sin que ello se traduzca en una mejora proporcional en la eficiencia recaudatoria o en el servicio al ciudadano.
Un modelo desfasado
El actual sistema de financiación local se caracteriza por su ineficacia e inequidad territorial. Buena parte de los tributos locales —como el IAE, el ICIO o la plusvalía municipal— se solapan con hechos imponibles de tributos estatales y autonómicos, generando duplicidades y una carga administrativa excesiva. A ello se suma una dependencia financiera estructural respecto de la Administración Central y las Comunidades Autónomas, que limita la verdadera autonomía local reconocida en el artículo 142 de la Constitución Española.
La privatización del poder tributario
En las últimas décadas, numerosas corporaciones locales han externalizado funciones esenciales de gestión e inspección tributaria. Bajo la apariencia de “servicios auxiliares” o “colaboración técnica”, se ha transferido de facto el ejercicio de potestades públicas a empresas privadas. Esta práctica vulnera la legalidad y erosiona la legitimidad institucional, vaciando de contenido la soberanía fiscal municipal.
Tecnología y cautividad digital
Las bases de datos tributarias y los sistemas de información —auténticos activos estratégicos de la Administración— se encuentran en manos de un reducido número de empresas de software, que bajo el prisma de la rentabilidad económica se aprovechan de la fragmentación y consolidan una cautividad tecnológica difícil de revertir. Aunque la Ley 40/2015 y el Real Decreto 203/2021 obligan a las administraciones a reutilizar infraestructuras tecnológicas públicas, la realidad muestra una escasa aplicación de estos principios.
Reformular para simplificar
La solución pasa por replantear el modelo de financiación local: reducir el número de figuras impositivas, eliminando aquellas que no generan un retorno óptimo, y avanzar hacia una centralización de la gestión tributaria en estructuras públicas compartidas. Ello permitiría aprovechar economías de escala, eliminar duplicidades, reforzar la transparencia y ofrecer un sistema más sencillo, justo y eficiente al ciudadano.
Conclusión: recuperar lo público
La eficiencia sin legitimidad no es eficacia: es cesión de soberanía. En materia tributaria, la soberanía no se alquila, se ejerce o se pierde. El reto pasa por volver al origen, recuperar el pensamiento crítico y conjugar tecnología, transparencia y legalidad. Solo así será posible construir un sistema de financiación local racional, equitativo y verdaderamente público, a la altura de un Estado democrático y digital.
Lara Torres Vázquez es abogada en AP Consultores y miembro del Grupo de Expertos en Tributos Locales de la AEDAF.
