España atraviesa una situación económica preocupante que golpea con especial dureza a las familias trabajadoras. Lejos de la propaganda triunfalista del Gobierno, los datos son tozudos: desde 2008 nuestro PIB per cápita ha pasado del 96% al 81% de la media de la Unión Europea. Es decir, somos más pobres en términos relativos que hace quince años. Mientras tanto, los salarios reales llevan prácticamente tres décadas estancados, ampliando la brecha con países como Francia o Alemania. Esta es la realidad que padecen millones de españoles cada mes cuando tienen que hacer malabares para poder llegar a final de mes y pagar la luz, el agua, el alquiler – porque lo de comprar casa ni lo hablamos – sin dejar de comer o de comprarle un par de zapatos a sus hijos.
Uno de los principales responsables de esta situación es un modelo fiscal asfixiante, que castiga el esfuerzo, penaliza el ahorro y hace prácticamente imposible que una familia pueda prosperar. La vivienda es el ejemplo más claro de este fracaso. En España, la presión fiscal sobre la vivienda alcanza el 30%, frente a una media europea del 6%. No se trata de una diferencia menor, sino de un auténtico atraco institucional que expulsa a los jóvenes del mercado inmobiliario y condena a muchas familias a vivir de alquiler de forma indefinida.
Hoy, una familia necesita ahorrar entre un 30% y un 40% del valor de una vivienda para poder acceder a ella. En el contexto actual de salarios bajos, inflación disparada y costes básicos al alza, este objetivo es sencillamente inalcanzable. Lo más grave es que el Estado recauda mucho más en impuestos vinculados a la vivienda de lo que invierte en este ámbito. Se ha creado así un modelo perverso: el ciudadano paga cada vez más, pero recibe cada vez menos.
Frente a esta situación, Vox ha presentado en las Cortes Valencianas una proposición clara y valiente: una rebaja fiscal real para devolver a las familias el fruto de su trabajo. La propuesta parte de una idea sencilla pero fundamental: el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en las arcas de una administración sobredimensionada e ineficiente. Desde Vox llevamos desde siempre advirtiendo de que se esquilma a los ciudadanos para mantener un sistema que no se sostiene.
Por ello, Vox defiende una rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF, con el objetivo de aumentar la renta disponible de las familias y reactivar el consumo. No se trata de un regalo, sino de justicia fiscal. También Vox propone reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, un impuesto injusto que castiga especialmente a quienes intentan acceder por primera vez a una vivienda.
Asimismo, es imprescindible poner fin a la doble imposición que supone el Impuesto de Patrimonio, equiparándolo al de grandes fortunas. Este impuesto no solo es confiscatorio, sino que provoca la fuga de patrimonios y desincentiva la inversión, empobreciendo al conjunto de la sociedad. La Comunidad Valenciana no puede permitirse seguir perdiendo capital y talento por culpa de una fiscalidad ideológica.
Pero bajar impuestos exige responsabilidad, y de eso no va muy sobrado el Gobierno de España, es más, yo diría que va más bien escaso. Por eso, desde Vox apostamos por auditorías exhaustivas del gasto público para eliminar duplicidades, chiringuitos ideológicos y gastos superfluos. ¿Saben ustedes que el gasto total en subvenciones directas en el último ejercicio, sólo contando las que superaban los 100.000 euros, superó los 32.000 millones de euros? Eso es más que el presupuesto de toda la Comunidad Valenciana. El problema de España no es que se recaude poco, sino que se gasta mal. Es urgente elaborar presupuestos que reduzcan el déficit y prioricen lo esencial: servicios públicos de calidad, apoyo a las familias y fomento de la actividad económica.
La propuesta de Vox incluye también incentivos fiscales para emprendedores y nuevas familias, teniendo en cuenta el arraigo en la Comunitat Valenciana. Queremos una tierra que atraiga inversión, genere empleo y ofrezca oportunidades a quienes desean formar un proyecto de vida aquí, no un infierno fiscal que expulse a sus propios ciudadanos.
La presión fiscal no solo afecta a la vivienda. El precio de los alimentos se ha disparado, obligando a muchas familias a cambiar sus hábitos de consumo. Eso sin tener en cuenta que terminaremos comiendo naranjas de Sudáfrica, tomates de Marruecos y bananas de Colombia en vez de plátanos de Canarias. Paradójicamente, aunque la población ha aumentado, el consumo de productos frescos ha disminuido, mientras el gasto total no deja de crecer. Esto es empobrecimiento puro y duro.
Por ello, Vox exige al Gobierno de la Nación la reducción del IVA en productos básicos y la eliminación de los impuestos especiales sobre la electricidad y el gas. Propone un tipo del 0% de IVA en los productos básicos de alimentación y una reducción significativa en otros bienes esenciales. Comer, calentarse o encender la luz no pueden ser lujos.
En definitiva, la propuesta de Vox, busca aliviar la carga fiscal que ahoga a las familias, mejorar su capacidad económica y facilitar el acceso a la vivienda. España necesita un modelo fiscal más justo, que premie el esfuerzo y el ahorro, y que deje de utilizar a los ciudadanos como cajeros automáticos del poder político.
Reducir impuestos, ajustar el gasto público y devolver la libertad económica a los españoles no es una opción ideológica: es una necesidad urgente para revitalizar la economía y mejorar la calidad de vida. Y es fundamental que los valencianos sepan que gracias a Vox ya se han dado los primeros pasos, gracias a Vox se han bajado los impuestos a la vivienda, gracias a Vox se ha duplicado el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio y gracias a Vox la Comunidad Valenciana se ha convertido en la región con más deducciones fiscales. En definitiva, dejar de ser más pobres. Esa es la utilidad de Vox. En Vox lo tenemos claro: menos impuestos, menos despilfarro y más España.
