CASTELLÓ. El proceso para relanzar el PAI Sant Gregori Golf de Burriana, un macroproyecto urbanístico de 2,5 millones de metros cuadrados frente al mar proyectado hace veinte años, no contenta a parte de los propietarios de los terrenos. La Asociación de Propietarios a Favor del PAI Golf Sant Gregori ha emitido un comunicado en el que arremete contra el consistorio al considerar que el proyecto no avanza todo lo rápido que debería y en el que reclaman "agilidad" para sacarlo adelante una vez que el consistorio ha asumido la gestión directa de este plan urbanístico. En su escrito, la asociación habla de "plazos inasumibles" para los propietarios e inversores en referencia a estimaciones de un año para la redacción del programa y de dos a cuatro para la ejecución de las obras. Desde el equipo de gobierno de Burriana responden: "Sant Gregori va a buen ritmo, pero lo más importante es que se está asegurando su supervivencia y buena parte del futuro de nuestra ciudad".

En este sentido, desde el Ayuntamiento defienden que el proyecto que están gestionando es el que han aconsejado los expertos y los técnicos municipales. "La contundente y demoledora sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) que anuló todas las decisiones de los últimos 8 años del anterior equipo de Gobierno, nos ha obligado a ir hacia atrás y modificar todos los aspectos que no eran acorde a derecho", han explicado.

Así, apuntan que una vez se han "corregido todas las ilegalidades" que han señalado los juzgados se ha optado por la gestión directa porque "era la opción que daba mayor seguridad jurídica a los propietarios y podía recuperar la confianza en uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la provincia de Castellón y de la Comunitat Valenciana, con 2,5 millones de metros cuadrados de superficie en primera línea del litoral de cara a posibles inversores".

"Hemos trabajado desde el primer minuto por dar la máxima seguridad jurídica al proyecto con la liquidación del antiguo urbanizador y la licitación de un nuevo proyecto siguiendo los cauces legales; No podemos ir más deprisa, en apenas dos años no se puede resolver un problema arrastrado durante décadas porque la administración lleva unos ritmos y todos los pasos deben realizarse con todas las garantías", aseguran.

El pasado mes, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental emitió una resolución en la que informa favorablemente a una modificación puntual reciente para no dañar la villa romana existente en el ámbito de desarrollo y aprovechó para pronunciarse sobre la totalidad del proyecto y apuntar que todavía existen condicionantes ambientales que deben cumplirse. El Ayuntamiento ha señalado que "dará cumplimiento" a esos condicionantes en la "inminente" licitación de las obras.

Para los propietarios de los terrenos que están a favor de este desarrollo urbanístico, la gestión directa que ha asumido el consistorio "deja mucho que desear" y aseguran que los plazos pueden agilizarse. Por otro lado, también han criticado que tanto "PP y Vox, en la oposición, solicitaron una exención del IBI para los propietarios del PAI" y que "al llegar al gobierno esta medida ha caído en el olvido". Por ello, piden que el consistorio informe a los 390 propietarios afectados sobre el estado del PAI.