CASTELLÓ. La cogeneración del sector cerámico acaba de recibir un nuevo espaldarazo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado una sentencia que ratifica que el mecanismo de financiación de la cogeneración alemana -la Ley KWKG- no constituye una ayuda de Estado. Este fallo tiene un impacto en toda la cogeneración europea, con especial relevancia para el sector cerámico, que tiene en la cogeneración una de sus principales fuentes de energía. La sentencia llega poco después de que el Gobierno haya activado las subastas públicas de 1.200 MW, a las que optarán cerca de 25 azulejeras. La primera fase se impulsará en diciembre, con 600 MW, y los otros 600 MW, en 2027.
La resolución, según informa la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), resuelve una disputa prolongada entre la Comisión Europea y el Gobierno federal alemán y confirma que los Estados miembros tienen plena legitimidad para diseñar instrumentos adecuados de apoyo a la cogeneración sin que deban someterse al control de Bruselas sobre subvenciones públicas. Durante años, la Comisión había endurecido el control sobre las compensaciones a la cogeneración, que ahora se ampliarán en mayor medida en Alemania, señala la Asociación Alemana de Cogeneración B.KWK.
La patronal considera que la sentencia trasciende el caso alemán, con especial relevancia para España, que acaba de aprobar el nuevo marco de subastas para 1.200 MW, en el que se estima que concurran más de 200 industrias, que completarán las inversiones asociadas en un plazo de cinco años. En paralelo, nuestro país tramita en el Congreso de los Diputados propuestas legislativas para ampliar la vida útil de las cogeneraciones existentes hasta 2031 y evitar cierres irreversibles hasta que puedan completar las inversiones.
42 equipos en Castellón
Castellón cuenta actualmente con 42 equipos operativos y 234 MW de potencia instalada, unas cifras inferiores a las de 2021 debido al retraso en la publicación de las subastas. En 2025 concluyó el periodo regulatorio de un tercio de estas instalaciones de la provincia, que quedaron sin retribución. Acogen reclama medidas transitorias para prorrogar la vigencia de las plantas, así como la convocatoria de más potencia, ya que la activada deja, según la patronal, a una de cada seis plantas de cogeneración del país.
"En España estamos promoviendo medidas legislativas para que las plantas existentes puedan mantener su operación y seguir apoyando la competitividad industrial y la seguridad del sistema eléctrico hasta completar las inversiones planificadas de las subastas ya promulgadas", afirma Javier Rodríguez, director general de Acogen.
La organización solicita al Congreso de los Diputados la aprobación, con urgencia, de la ampliación de esta medida transitoria -presentada como enmienda en la tramitación parlamentaria de la Ley de Comercio de Emisiones-, que permita la operación hasta 2031 de las plantas cuya vida útil regulatoria expire, evitando cierres antes de que las nuevas inversiones entren en funcionamiento.
La sentencia del TJUE es clara en cuanto al debate jurídico sobre la compatibilidad de estos mecanismos con el derecho europeo. «El tribunal confirma que apoyar la cogeneración no es distorsionar la competencia», aclara Rodríguez. "La retribución regulada de la cogeneración no es una ayuda de Estado, sino una compensación a los beneficios que aporta esta tecnología a la competitividad industrial, a la eficiencia de los sistemas energéticos y a la seguridad de suministro, que redundan en menores costes para los consumidores", subraya el director general de Acogen.
España ha perdido la mitad de su capacidad de generación eléctrica mediante cogeneración en un momento crítico para la competitividad de la industria y para la seguridad de suministro eléctrico. «Si no se hubieran parado las cogeneraciones, el sistema no habría tenido la necesidad de parar cinco veces a la industria electrointensiva en lo que va de año ante el riesgo de sufrir un nuevo apagón. La cogeneración constituye una infraestructura energética esencial para el país. Debemos poner de relieve las graves consecuencias para el país que supone la pérdida de cogeneración», señala Javier Rodríguez.
Sectores estratégicos como la cerámica, la alimentación, la química, el papel, el refino o la automoción han visto reducida su competitividad energética. Su retroceso en el sistema eléctrico ha tenido consecuencias nefastas para la operación del sistema y los consumidores. Estructuralmente, la eficiencia energética nacional, la seguridad del suministro, la estabilidad y la saturación del sistema eléctrico se han resentido severamente con el retroceso de la cogeneración.
Las subastas españolas
La expectación en la cogeneración española es máxima. El sector estima que unas 200 industrias movilizarán más de 2.000 millones de euros de inversión en las subastas de cogeneración, cuya primera convocatoria se celebrará el 10 de diciembre de 2026, de acuerdo con la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica conocida el pasado julio.
Este nuevo ciclo de inversión transformará el parque cogenerador -que emplean 400 industrias alimentarias, papeleras, químicas, cerámicas, de refino y de otros sectores de todo el país- para afrontar un futuro más competitivo y sostenible para la industria y apoyar la transición y la seguridad de los sistemas energéticos en España.
El marco que regula las subastas de 1.200 MW de cogeneración en España fue promulgado el pasado 4 de julio, poniendo fin a cinco años de espera para un sector que, durante ese tiempo, ha visto cómo más de 300 instalaciones industriales dejaban de operar al finalizar su vida útil regulatoria debido a los retrasos.
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