CASTELLÓ. La Comisión Europea ha truncado las aspiraciones del sector cerámico de contar con una referencia propia (benchmark) en el sistema europeo de comercio de derechos de emisión de CO2 (ETS) que permitiera reducir el impacto previsto de su reforma. Bruselas ha descartado finalmente esta posibilidad, pese a que contaba con el respaldo del Grupo de Expertos sobre Cambio Climático (CCEG), órgano que asesora técnicamente a la Unión Europea. No obstante, sí ha accedido a suavizar el recorte previsto en la asignación gratuita de derechos de emisión para la industria azulejera durante el periodo 2026-2030.
Según han informado fuentes conocedoras de la negociación, la reducción inicialmente prevista del 34% se rebajará en algo más de diez puntos, hasta situarse en torno al 20%. La decisión alivia parcialmente el impacto económico de la medida para el sector cerámico, que había estimado un sobrecoste de unos 160 millones de euros con el recorte inicialmente planteado, además de otros 50 millones para la industria esmaltera.
Pese a ello, el resultado queda lejos de las reivindicaciones del sector, que defiende haber realizado un importante esfuerzo inversor para avanzar en la descarbonización y alerta de que la pérdida de derechos gratuitos incrementa el riesgo de deslocalización frente a competidores de terceros países.
La posibilidad de disponer de un benchmark específico para la cerámica había surgido como la última vía para corregir esta situación. En sus conclusiones, el Grupo de Expertos sobre Cambio Climático consideró justificada la creación de un valor de referencia propio para el azulejo, una medida que no solo habría evitado el recorte del 34% inicialmente planteado, sino que incluso habría permitido incrementar en torno a un 12% la asignación gratuita de derechos.
Sin embargo, y pese a la intensa labor de presión desarrollada por las patronales cerámicas de España e Italia, junto con los representantes políticos españoles ante las instituciones europeas, la falta de apoyo de países como Francia y Alemania, que en el último momento viraron en sus posiciones políticas, habría impedido que la Comisión incorporara finalmente esta propuesta.
Con todo, los representantes españoles en Bruselas mantienen su intención de seguir defendiendo esta reivindicación de cara a la próxima revisión del sistema, con el objetivo de que la cerámica pueda disponer de un benchmark propio a partir de 2030.
Más fondos para acelerar la descarbonización
La reforma sí incorpora, en cambio, una medida que podría beneficiar a la industria cerámica y al resto de sectores intensivos en consumo energético. La Comisión Europea propone que los Estados miembros destinen de forma obligatoria al menos el 50% de los ingresos obtenidos mediante las subastas de derechos de emisión a financiar inversiones de descarbonización en las industrias incluidas en el ETS.
Bruselas sostiene que, en la actualidad, únicamente alrededor del 5% de esos recursos se dedica directamente a este objetivo, por lo que pretende reforzar el vínculo entre la recaudación del sistema y la financiación de la transición industrial.
El eurodiputado de Compromís Vicent Marzà ha valorado positivamente esta medida al destacar que responde a una propuesta impulsada por su grupo para destinar una parte mucho mayor de los ingresos del mercado de carbono a apoyar la electrificación de la industria. Según ha explicado, la iniciativa permitirá movilizar "cientos de millones de euros" para acompañar a las empresas en la reducción de emisiones y obligará a los Estados miembros a invertir esos recursos en la descarbonización del tejido industrial.
No obstante, Marzà considera que el balance para la industria cerámica sigue siendo negativo. Aunque reconoce que la negociación ha permitido reducir el impacto de la propuesta inicial, sostiene que el resultado continúa siendo "absolutamente insuficiente e injusto", ya que no respeta los criterios técnicos fijados por el propio Grupo de Expertos sobre Cambio Climático. A su juicio, la cerámica, que ya se encuentra "prácticamente en el máximo nivel de eficiencia" tras las inversiones realizadas en los últimos años, debería haber contado con un benchmark específico que reconociera ese esfuerzo en lugar de penalizarlo.
Una reforma para prolongar la vida del ETS
La propuesta presentada este jueves por la Comisión Europea persigue dar más margen a la industria intensiva en energía para adaptarse a la transición climática sin renunciar al objetivo comunitario de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Para ello, Bruselas plantea ralentizar el ritmo de reducción del volumen de derechos de emisión a partir de 2031. El recorte anual pasará del 4,4% previsto inicialmente al 3,7% entre 2031 y 2035, y al 1,7% entre 2036 y 2040. Con este ajuste, la Comisión pretende evitar que el mercado europeo de carbono agote los derechos disponibles a finales de la década de 2030 y prolongar su funcionamiento previsiblemente hasta mediados de la década de 2040.
La revisión endurece, al mismo tiempo, las condiciones para que las empresas puedan seguir recibiendo asignaciones gratuitas de derechos de emisión después de 2030. El 80% de estas se concederá una vez las compañías presenten un plan de inversiones para reducir su huella de carbono, mientras que el 20% restante solo se entregará cuando acrediten la ejecución de esas actuaciones. Además, las empresas que trasladen su producción fuera de la Unión Europea perderán el derecho a seguir recibiendo estas asignaciones, mientras que aquellas que ya lideren la reducción de emisiones o reciban financiación del Fondo de Innovación o del futuro Banco Europeo de Descarbonización Industrial quedarán exentas de estos nuevos requisitos.
El paquete legislativo contempla asimismo la creación de un Banco Europeo de Descarbonización Industrial dotado con derechos de emisión valorados en unos 100.000 millones de euros para acelerar las inversiones de los sectores con mayor consumo energético. La reforma incorpora además otras medidas, como la posibilidad de utilizar créditos internacionales de carbono a partir de 2036, el impulso a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 y cambios en la Reserva de Estabilidad del Mercado para mantener un mayor volumen de derechos en circulación y reducir la volatilidad de los precios del carbono.
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