Noviembre de 2021. En el IES Abastos, un centro de referencia en València por su implicación pedagógica y su excelente gestión comunicativa, el humo empezó a salir de uno de los baños. Lo que para la crónica de sucesos fue un incidente controlado, para su director, Rafael Pérez, fue la confirmación de que la autoridad adulta tiene un punto ciego del tamaño de una pantalla. Al recordar aquel incidente, el director pone el dedo en la llaga de la nueva cultura adolescente. «Una de sus prácticas habituales es meterse en los cuartos de baño, sacar el móvil y hacer TikTok dentro de ellos. El tema de las redes sociales hoy en día es que, si uno hace una fechoría y no la publica, no sirve para nada. Incita a grabarlas y publicarlas. El incendio de hace unos años fue premeditado, está todo grabado. El vídeo se fue difundiendo, pero no llegamos a descubrir el origen», comenta a Plaza. Pérez no habla desde la resignación, sino desde la necesidad de un marco que proteja la labor educativa.

La medida que el Gobierno de España anunciaba el pasado mes de febrero tiene la intención de elevar la edad mínima de acceso a las redes sociales de los catorce a los dieciséis años. El objetivo es proteger a los menores de la exposición precoz a la pornografía, la violencia y los mecanismos de adicción. La medida no solo elevará el listón de entrada, sino que obligará a las plataformas a implementar verificaciones de edad estrictas y establecerá responsabilidad penal para los CEO por incumplimiento. Por eso, desde el centro aprecian la restricción a los dieciséis años como un paso necesario. «Nosotros valoramos la medida positivamente porque, desde luego, en los centros nos evita mucha problemática por ciberacoso», sentencia el director del IES Abastos, situando la medida no como una prohibición ciega, sino como una herramienta indispensable para recuperar la convivencia en las aulas.

El código enigma de los emojis 

Familias y docentes asisten a una realidad paralela, donde un corazón de un color determinado o un emoji colocado en una secuencia concreta no son adornos, sino una agresión o una marca de exclusión. «Muchas veces no es que no actuemos —advierte Pérez—, es que no llegamos a ver lo que ocurre, porque se expresa en códigos que los adultos no manejamos». Este muro de cristal es el que aborda la doctora Nuria Lorenzo-Dus, situada en la primera línea de la ciberseguridad comunicativa. Catedrática en Swansea e investigadora distinguida en la UPV, Lorenzo-Dus lidera el proyecto Precisión (PRotEcting Children In digital Space via SegregatIOn and awareness), una iniciativa que bucea en los datos más crudos de la interacción digital. Su trabajo no es teórico, sino el resultado de años de cooperación directa con las fuerzas de la ley en el Reino Unido y España, analizando pruebas policiales para entender cómo los agresores moldean el comportamiento de los menores aprovechando, precisamente, esa invisibilidad ante el ojo adulto. «Los datos en los que basamos nuestro trabajo son fruto de esa colaboración con la policía y los tratamos con el máximo rigor ético», explica la investigadora. A diferencia de un filtro de palabras básico que cualquier adulto podría supervisar, el proyecto se centra en la «gramática de la manipulación». Lorenzo-Dus ha detectado que el ciberacoso y el grooming (el engaño de adultos para obtener fines sexuales) se han desplazado a entornos de «sombra», como los chats de videojuegos, donde el lenguaje neutro esconde dinámicas de poder que un padre jamás detectaría a simple vista.

Esta capacidad de cifrar la violencia es el argumento que sostiene el órdago del Gobierno. Si el entorno digital ha levantado una barrera lingüística infranqueable para los tutores, la ley de los dieciséis años actúa como un cortafuego ante un modelo de negocio que ya está bajo el microscopio judicial. Lorenzo‑Dus sitúa este trabajo en un cambio de paradigma que ya ha llegado a los tribunales. En Estados Unidos, una coalición de estados ha llevado a Meta ante la justicia por el diseño adictivo de sus plataformas, señalando funciones como el scroll infinito o las notificaciones persistentes como mecanismos que explotan la vulnerabilidad psicológica de los menores.

La infraestructura donde se propaga ese software del conflicto es el territorio de Santiago Escobar. El director de la Cátedra de Ciberseguridad Incibe-UPV (Universitat Politècnica de València) baja a la arena técnica para explicar los motivos por los que cualquier intento de verificar la edad ha sido un simulacro hasta la fecha. Para el experto, el problema no radica en que los adolescentes sean hackers capaces de saltarse las normas, sino en que las plataformas han construido un ecosistema donde la identidad es una mercancía y no un derecho protegido.

Bajo esta lógica, el derecho a la privacidad desaparece antes incluso de que el menor sea consciente de que lo tiene. En el corazón de esta batalla técnica reside un concepto que suena a ciencia ficción, pero que funciona como el estándar de oro de la intimidad digital. Se trata de la Zero Proof Knowledge o Prueba de Conocimiento Cero. Escobar define esta tecnología como un mecanismo criptográfico que permite asegurar que cumples una condición concreta sin que la otra parte pueda rastrear quién eres. Con este sistema, un adolescente podría demostrar que tiene más de dieciséis años ante una red social sin necesidad de entregar su nombre, su cara o su historial de navegación. El experto aclara que con esta herramienta se puede asegurar que uno tiene los ojos azules o que pertenece a un grupo de edad sin ser rastreado, aunque lamenta que esto se ignore por puros intereses comerciales. Si las tecnológicas no implementan este escudo es porque el anonimato real del usuario es incompatible con su cuenta de resultados. «El sistema está diseñado para que el rastro sea total, convirtiendo la curiosidad de un adolescente en un activo financiero», comenta. Esta es la grieta que el Gobierno de España pretende sellar con su nueva ley. Al elevar la edad de acceso a los dieciséis años e imponer responsabilidad penal a los CEO por el incumplimiento de las verificaciones, el Estado está obligando a las plataformas a elegir entre aplicar esa tecnología de privacidad, que parece perfectamente viable, o asumir las consecuencias de seguir operando en una impunidad que, hasta ahora, les ha resultado extremadamente rentable.

En ese debate se sitúa una tecnología que no es nueva ni marginal, sino que lleva años operando en los márgenes de un ecosistema dominado por modelos basados en la explotación del rastro digital. Laura Blanco, CMO de Qualla Kids, representa esa edtech de ADN local que dio el salto tras su paso por Lanzadera: «Nosotros no somos un filtro de acceso a redes; nuestra aplicación resuelve cuestiones de seguridad física en las recogidas del colegio». Para Blanco, la clave está en no confundir planos: «Los centros están encantados, porque les soluciona problemas reales de comunicación con las familias sin exponer al niño a un algoritmo publicitario», señala rompiendo el mito de que, para ser útil, la tecnología debe ser invasiva.

El frente jurídico ante las TRIC

La futura ley no ha brotado de un despacho vacío, sino de la urgencia detectada en las líneas de ayuda de entidades como la Fundación ANAR, que gestiona el teléfono de ayuda a niños y adolescentes en riesgo en España. Sonsoles Bartolomé, directora de su departamento jurídico, ha sido una voz determinante en las mesas de diálogo donde se ha fraguado esta normativa. Para ella, el cambio legal es la respuesta a una realidad transversal donde la tecnología ya no es un compartimento estanco, sino un vector que agrava todas las problemáticas de la infancia, desde el maltrato hasta los trastornos de la conducta alimentaria.

Las cifras del reciente Estudio TRIC 2024 de la fundación —un término que acuñan para las Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación para poner el foco en el vínculo emocional y no solo en el aparato— funcionan como una radiografía del daño. Casi uno de cada cuatro menores atendidos (el 24,7%) presentaba intentos de suicidio o autolesiones vinculados a dinámicas digitales. El estudio revela un paisaje de desprotección donde el 85,2% de los adolescentes usa las redes a diario y un 43,5% reconoce navegar sin ninguna supervisión adulta desde su primer contacto con el dispositivo. «Veníamos detectando cómo el uso inadecuado de la tecnología generaba nuevas problemáticas como el ciberbullying —el acoso que no descansa ni al llegar a casa—, el grooming —el engaño de adultos para obtener fines sexuales— o el sexting sin control», explica Bartolomé. Esta última práctica, que consiste en el envío de imágenes o vídeos de contenido sexual producido por uno mismo, se convierte en un arma de doble filo cuando la confianza se rompe. El problema, advierten desde ANAR, no es solo el envío, sino la rapidez con la que ese contenido íntimo escapa del control del menor para convertirse en una herramienta de chantaje o humillación pública en el ecosistema digital.

Para frenar esta inercia, la abogada defiende una «muralla legal» basada en la verificación de edad real. Ante el escepticismo de quienes ven la prohibición inútil, Bartolomé señala la solución técnica ya testada por la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos): un sistema que blinda la privacidad sin entregar el DNI a la plataforma. «Hay una valla de los dieciséis años. Acredito que los tengo sin entregar mis datos personales», explica. El sistema funciona mediante una «prueba de atributo», donde el móvil genera un código que confirma la edad a la red social sin revelar identidad o fecha de nacimiento exacta. Es la aplicación del Zero Proof Knowledge que reclamaba Escobar. Bartolomé sentencia que es técnicamente posible, pero choca con la resistencia de unas tecnológicas que prefieren el rastro total del menor para sus perfiles publicitarios. Para la Fundación ANAR, la responsabilidad penal de los directivos es la única vía para que el interés superior del menor deje de ser un eslogan y sea el eje del diseño digital, priorizando la protección del niño sobre los intereses comerciales.

Un faro para familias

Si la ley de los dieciséis años tiene un motor de combustión, ese es el malestar acumulado en los hogares. En València, ese sentimiento cristalizó en noviembre de 2023, con la constitución formal de la asociación Adolescencia Libre de Móviles. Su presidenta Ana Vayá recuerda que el origen fue una chispa de necesidad personal que pronto reveló una hoguera social. Lo que empezó en el barrio de Poblenou de Barcelona se replicó en València con una fuerza que ni ellos mismos esperaban.«Esto surge de la necesidad personal de las familias que estábamos viendo lo que pasaba en los coles. Ahora mismo somos setecientos asociados en València y el perfil es el de familias que quieren estar informadas; hay muchísimos pediatras y mucho docente involucrado en empujar para avanzar. Nos hemos convertido en un faro para orientar a quienes se sienten perdidos», explica Vayá.

La asociación no es solo un grupo de presión política; funciona como una red de auxilio para padres que han perdido el control de la convivencia frente al algoritmo. Los testimonios que llegan a la junta directiva de Vayá son crudos. «Muchísimas familias nos piden ayuda y asesoramiento para empezar grupos en los colegios y firmar pactos de no entrega del móvil. Pero también nos piden ayuda desesperados: "¿Conocéis psicólogos o algún profesional? Porque tengo a mi hijo muy enganchado y ya no sé qué hacer". Hay padres que están, literalmente, desesperados por el nivel de adicción que ven en sus casas».

En un momento en el que proliferan libros y guías contradictorios sobre el uso de pantallas, el colectivo orienta sobre qué recursos son realmente útiles y ayuda a impartir charlas de concienciación ante una demanda que califican de inabarcable. Su labor ha pasado de los grupos de WhatsApp a las reuniones de alto nivel con la Administración autonómica para canalizar este malestar social. «Nos hemos reunido un montón de veces con Conselleria y la verdad es que siempre nos han escuchado y han tenido en cuenta nuestras propuestas», explica la presidenta. Su objetivo es actuar como ese faro que informe sobre qué manuales son asequibles y cuáles no, apoyando a los centros educativos, porque la necesidad de formación es constante. Para estas 700 familias valencianas la restricción de los dieciséis años cuenta con un respaldo absoluto, al entenderlo como un derecho a la protección de la infancia y la única vía para que el entorno familiar deje de ser una batalla contra una tecnología diseñada para capturar la atención de un cerebro que todavía no sabe defenderse.

España mira de reojo a Australia, el laboratorio mundial de esta prohibición, donde ya han pasado un verano sin redes y los resultados muestran claroscuros. Allí conviven adolescentes que duermen mejor al desconectarse del algoritmo, con familias que denuncian que la grieta de la clandestinidad digital es ahora más difícil de supervisar. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina y el fin de la vigilancia escolar, la grieta digital amenaza con ensancharse. La regulación se presenta, así, como la oportunidad de que el diseño de las plataformas no sea una trampa y el entorno digital deje de ser, por fin, ese ángulo muerto donde se pierde el control de una generación. 

Diccionario de la vulnerabilidad digital

Grooming: Se produce cuando un adulto utiliza las redes sociales o juegos online para ganarse la confianza de un menor con el fin de obtener material sexual o concertar un encuentro físico. La Dra. Lorenzo-Dus destaca que el lenguaje utilizado aquí es «limpio» y afectivo, lo que lo hace casi invisible para los filtros parentales tradicionales.

Sexting: Consiste en el envío de contenidos de tipo sexual (fotografías o vídeos) producidos por el propio remitente a través del móvil. El riesgo real, como advierte la Fundación ANAR, surge cuando ese contenido sale del ámbito privado y se convierte en una herramienta de chantaje o humillación pública.

Ciberbullying: El acoso de toda la vida, pero con esteroides digitales. A diferencia del bullying presencial, este no descansa; persigue al menor 24 horas al día, tiene una audiencia potencial infinita y, como señalaba el director del IES Abastos, a menudo se oculta tras códigos y emojis que los adultos no saben descifrar.

TRIC: Son las siglas de Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación. Es el término que prefiere la Fundación ANAR para referirse a este ecosistema, poniendo el foco no solo en la información (Internet), sino en la relación (el componente social y emocional que engancha a los adolescentes).

* Este artículo se publicó originalmente en el número 136 (mayo 2026) de la revista Plaza