CASTELLÓ. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, anuncia un cambio de rumbo en el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o Superalmendra, que prevé el cierre al tráfico de 745.000 metros cuadrados de superficie urbana, dejando solo fuera las rondas. "Estamos trabajando sobre el proyecto para transformar la ciudad mejorando la calidad de vida, sin cerrar los accesos, sin que suponga una odisea acceder al centro", señala.
La alcaldesa, junto al concejal de urbanismo, Sergio Toledo, y el de movilidad, Cristian Ramírez, ha mantenido este miércoles una reunión con la directora de la oficina de planificación y proyección económica, Carmen Vilanova, y técnicos municipales a fin de avanzar en un proyecto alternativo, "sin renunciar a seguir recibiendo dinero de Europa, pero que de ninguna manera suponga la asfixia del centro y, por tanto, de los comercios y negocios de hostelería, además de los perjuicios a los residentes y vecinos, tal y como nos advierte una mayoría de castellonenses", apunta Carrasco.
De esta manera asegura que "ya estamos estudiando la calidad del aire con medidores que nos permiten tener una fotografía real de la situación del centro y en función del resultado definitivo abordaremos la reordenación de los accesos. Exploramos las vías técnicas y legales para frenar el proyecto tal y como lo concebió el gobierno anterior. Queremos seguir transformando Castelló para que sea una ciudad más amable, más verde y accesible, yendo de la mano de los castellonenses".
En este sentido, la alcaldesa anuncia que se abrirá un proceso de participación ciudadana "para hacer a los castellonenses protagonistas del nuevo proyecto que vamos a rediseñar entre todos".
"Siempre hemos manifestado nuestra disconformidad con este proyecto que genera rechazo entre una mayoría de pymes, autónomos y vecinos. La normativa europea obliga a delimitar una zona de bajas emisiones antes del 31 de diciembre de 2023, pero no dice ni cuántos metros de superficie ha de tener, ni dónde ha de ser y ahí es donde estamos trabajando. Queremos contar con la opinión del tejido social y comercial antes de hacer algo que vaya en contra de los intereses de Castellón", concluye.