CASTELLÓ. Ciudadanos guarda silencio sobre la condena de la diputada Cristina Gabarda y elude aclarar si prevé aplicar su código ético en el caso de que la sentencia sea firme. Nadie de la dirección autonómica se pronuncia acerca del futuro de la parlamentaria. Tampoco hay un comunicado oficial, como sí ocurrió el 17 de mayo de 2019 cuando, tras conocerse la multa de 4.380 euros, la formación naranja anunció que la exportavoz en el Ayuntamiento de Castelló apelaría el fallo.
El hermetismo de los dirigentes provinciales y autonómicos se convierte en secretismo acerca del siguiente paso de la política castellonense después de que la Audiencia Provincial haya ratificado su sanción por injurias al presidente del PP, Miguel Barrachina. Ni siquiera está claro que Gabarda vaya a alegar ante el Tribunal Supremo, tanto porque pudiera estar fuera de plazo como por el elevado coste del recurso de casación.
En el primer caso, la resolución respecto a la apelación se produjo el 24 de enero de 2020. Semanas después las partes recibieron la notificación. Según figura en el sentencia, a partir de esa comunicación el plazo para anunciar la presentación del citado recurso apenas alcanzaba los cinco días.
La letrada de Barrachina conoció el dictamen con anómalo retraso a consecuencia de un contratiempo técnico. Hasta el 20 de febrero no obtuvo copia. Partiendo que ese mismo problema se hubiera dado con la apelante [la diputada de Ciudadanos], esta debería haber trasladado su decisión de acudir a una instancia superior antes del pasado 26 o 28 de febrero (dependiendo de si son días naturales o hábiles). No obstante, este lunes aseguró que valoraba seguir litigando.
En el segundo supuesto, para formalizar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, además de un abogado, resulta preceptivo contratar los servicios de un procurador. Entre la sanción de 4.380 euros y las costas de las dos sentencias (de condena y posterior ratificación), Gabarda lleva acumulados más de 10.000 euros.
Si al final la castellonense apela, al estar dentro del plazo, dispone de 35 días para concretar el escrito entre la preparación en la Audiencia Provincial (20 días) y los 15 para la interposición.
Llegados a este punto, la situación de la parlamentaria se ha convertido en una patata caliente para Ciudadanos. La confirmación de su condena se produce justo en el momento en que las bases deciden el futuro del partido, necesitado de un cambio de rumbo para recuperar el crédito perdido.
Ese rearme interno, con la obligatoriedad de lanzar un mensaje de renovación, colisiona con cualquier proceso judicial que afecte a un cargo orgánico u institucional. No obstante, el proceso de transición que vive la formación supone una tabla de salvación para Gabarda, ya que difícilmente Inés Arrimadas, gran favorita para suceder a Albert Rivera, tomará una decisión antes de la Asamblea General del 15 de marzo.