CASTELLÓ. Castelló se prepara para zambullirse en su segunda comisión de investigación desde que la alianza progresista asume la gestión municipal. La aprobación el miércoles 18 de septiembre de la constitución de un órgano censor para auditar la sala de Emergencias supondrá el inicio de un largo camino que, atendiendo al precedente de la anterior legislatura, se prolongará durante más de dos años, sin garantías de que al final se produzca un consenso político acerca del dictamen de conclusiones.
El pleno extraordinario de la semana próxima, siendo importante por el debate y posterior votación, simplemente tendrá un carácter administrativo. La corporación validará oficialmente la creación del instrumento interventor, pero eso no significará que su puesta en funcionamiento se priorice respecto a otros asuntos igual o más importantes para la ciudad, como son los presupuestos de 2020, la nueva fiscalidad, el Plan General, la Cruz de los Caídos o las ordenanzas para regular los servicios públicos que incluyan tarifas.
La hoja de ruta para impeler la comisión de investigación estará repleta de formalidades antes de entrar en materia. Primero habrá que determinar la presidencia que, de acuerdo al Reglamento Orgánico del Pleno, recae en la alcaldesa, quien además ostenta la potestad de delegar. Tanto si Amparo Marco acepta presidir como si decide facultar a otra persona, deberá comunicarlo al resto de partidos en un pleno mediante decreto de alcaldía. Su propuesta tendrá continuidad con una posterior reunión en el que se concretarán los representantes de cada formación política.
Una vez esté resuelta la cuestión de la presidencia, corresponderá a su titular definir la estrategia: comparecencias, periodicidad de las mismas (quincenales, mensuales,...), los declarantes y un largo etcétera de procedimientos. Todos recogidos de forma ambigua en el mentado Reglamento Orgánico, con el consiguiente recelo profesional de la secretaria general, Concepción Juan Gaspar, siempre muy escrupulosa con su trabajo.
Si se toma como referencia la comisión de investigación sobre la Junta de Festes en el pasado mandato, el periplo fiscalizador se alargó más de dos años. El 29 de octubre de 2015 el ayuntamiento aprobaba, con la abstención del PP y Cs la moción de Castelló en Moviment para componer el órgano fiscal. El 16 de febrero de 2016 la alcaldesa delegada oficialmente la presidencia en Xavi del Señor, portavoz de la formación asamblearia.
En mayo del mismo año se celebraba una sesión preparatoria entre todos los grupos políticos. Meses después, el 3 de noviembre, comenzaban las declaraciones de los citados. El 20 de diciembre de 2017, tras 29 reuniones de la comisión de investigación y 30 comparecencias, se sometía a votación el dictamen de conclusiones para remitirlo a Fiscalía. El PP y Cs rechazaban la propuesta, impidiendo así una anuencia política.
Existe un precedente mucho más antiguo sobre las comisiones de investigación en el Ayuntamiento de Castelló. A finales de 2009 la corporación impulsaba, por primera vez en su historia, un instrumento auditor para investigar las contrataciones con las empresas del caso Gürtel entre los años 2003 y 2009. Aunque el Partido Popular, entonces en el gobierno, con Alberto Fabra como alcalde, estaba legitimado para ejercer la presidencia, finalmente cedió el derecho al portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu.
El informe concluyó que no se había cometido ninguna irregularidad administrativa en las contrataciones, considerándose que se ajustaron en todo momento al ordenamiento jurídico.