CASTELLÓ. El representante de Compromís en la Cámara Alta, Carles Mulet, ha llevado a la Comisión de Sanidad del Senado de la que forma parte, una iniciativa que busca "garantizar la supervivencia de las farmacias en el mundo rural a través de, entre otras medidas, un novedoso fondo propuesto por los propios afectados, por lo que esta decisión no tendría un destacado coste para las arcas públicas", según han anunciado este sábado fuentes de la coalición valencianista a través de un comunicado.
En su moción, la coalición sostiene que las farmacias han soportado en los últimos años el encarecimiento de los costes (guardias, alquiler, combustible, suministros, retardos en los pagos de la administración…), mientras los precios de los medicamentos han ido bajando continuamente. Según se entiende desde Compromís, el modelo farmacéutico español, llamado modelo Mediterráneo se sostiene gracias a la farmacia rural, que se encuentra olvidada al igual que sus pueblos y habitantes. De hecho, no hay otro país donde existan farmacias en la práctica totalidad del territorio, explican las mismas fuentes.
Según detallan las filas de Compromís, en el año 2018, en el territorio valenciano existían un total de 78 farmacias de Viabilidad Económica Comprometida (VEC), es decir, farmacias que facturan poco y que no consiguen el 11,4% de la facturación de una farmacia media, por lo que reciben una subvención mensual. Esa cifra resulta especialmente significativa en las comarcas de Castelló, que concentra un total de 40, lo que supone un 13% del total de oficinas de farmacia, situando esta provincia al nivel de autonomías como Castilla y León (por encima del 14%). “Estudiando la distribución de estas farmacias -manifiestan- podemos concluir que se trata de una situación evidentemente asociada a la ruralidad, donde se encuentran la gran mayoría de farmacias VEC. La administración y el propio sector debe dar viabilidad a estas farmacias que tienen un elevado interés público como establecimiento sanitario en estos pequeños municipios con riesgo de exclusión social”, ha indicado Mulet.
Según un estudio de 2018 de la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) a instancias del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, un Fondo de Compensación para las Farmacias Rurales Esenciales podría ser la solución para aquellas farmacias que cumplieran una serie de criterios demográficos, económicos y sanitarios y por una simple cuestión de justicia y equidad. Se aseguraría así su viabilidad económica, se garantizaría la equidad y universalidad en el acceso al medicamento y, por extensión, se apuntalaría el modelo español de farmacia. Este fondo pasaría por retener, únicamente, 4 céntimos de cada receta, lo que supone un 0,18% de la facturación total (0,37% de la dependiente de factura pública) para estas farmacias. Ello daría viabilidad a las mismas sin suponer ningún gasto público.
Mulet añade que “si se quiere revertir el despoblamiento y el vaciado de nuestras poblaciones de interior, el futuro debe pasar por incorporar una visión rural de la política, tener complicidad con la gente del territorio independientemente de donde vivan y dar apoyo a los servicios que disponen los ciudadanos allí donde se encuentran con dificultades, como es el de la farmacia, y que los profesionales puedan ver que hay trabajo y es posible vivir con dignidad en los municipios de interior”, ha agregado el senador valenciano.
El sector, con 22.000 farmacias, mueve más de 20.000 millones de euros al año (10.600 públicos), según los datos aportados por Compromís en el comunicado, donde se añade que las aperturas de farmacias están reguladas por lo que decida la Administración competente en función de módulos de distancia y población. Este modelo tiene como objetivo evitar que las farmacias se establezcan únicamente en lugares rentables (grandes poblaciones) y se consiga así una gran capilaridad y la universalización en el acceso al medicamento. Según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, existen 903 farmacias de viabilidad económica comprometida en toda España.
El Real Decreto 9/2011 de 19 de agosto, relata la coalición, establece el índice corrector del margen de las oficinas de farmacia en situación VEC para garantizar la accesibilidad y la calidad del servicio. Dicho de otra forma: se busca no mercantilizar la prestación farmacéutica, pero, a la vez, a las farmacias establecidas en zonas poco rentables se les obliga a subsistir según las leyes del mercado. Ocho años después, esas cuantías no se han actualizado, como sí lo ha hecho el IPC, generándose una descompensación evidente con el objetivo que se quiere alcanzar.
Las farmacias rurales no tienen posibilidad de contratar personal, ya que se encuentran en una situación de esclavitud absoluta. En una guardia rural de fin de semana completo el beneficio puede llegar a ser de 3 o 4 euros. El sector nunca ha reclamado medidas para compensar esto, ya que las guardias urbanas son terriblemente rentables.
Así, según comenta Compromís en su escrito, se ha creado de esta forma una bolsa de farmacias tremendamente rentables (las establecidas en grandes núcleos de población) y una red de farmacias (las rurales) absolutamente inviables. Y esto teniendo en cuenta que las rurales, a día de hoy, son las realmente esenciales para la equidad en el acceso al medicamento y la cohesión de nuestro sistema sanitario. La farmacia rural no quiere ser rica, sólo quiere seguir existiendo.