Papi Robles (Compromís) Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Los caminos que recorren estas semanas PSPV y Compromís siguen sin cruzarse. Al menos cuando se aborda una cuestión que, a pesar de haber generado sinergias en un pasado no muy lejano o haber sido principal campo de batalla para los socios del Botànic II, ahora es más bien un debate incómodo: la reforma del modelo de financiación.
La coalición valencianista presentó el viernes pasado en Les Corts una Proposición de Ley para reformar el modelo de financiación e invitó a PSPV y Unides Podem a que la firmaran. El texto legal, en realidad ya lo había registrado Joan Baldoví en el Congreso, pero la intención de Compromís es conseguir la rúbrica de sus socios de Gobierno aquí en la Comunitat para que la iniciativa salga del Parlamento valenciano. De conseguirlo, Baldoví retiraría la propuesta registrada en solitario en Madrid y se presentaría la conjunta.
Sus pretensiones, sin embargo, no llevan camino de cumplirse. Al menos, de momento. Pues aunque en las últimas horas la coalición ha intentado acercar posturas con los socialistas valencianos, sigue sin haber avances de ningún tipo. Uno habla (Compromís), pero el otro no quiere ni oír hablar (PSPV) con la cita electoral a la vuelta de la esquina de los pocos frutos recogidos en materia de financiación.
Quizá por ello los valencianistas ya han comenzado a buscar un plan B para conseguir que la propuesta salga de Les Corts y, por tanto, a la Cámara Baja llegue un mandato del Parlamento valenciano.
Así, diputados de Compromís ya han trasladado el texto legal a los partidos de la oposición, excepto a Vox, para tratar de sumar sus apoyos. El Partido Popular, según explican fuentes del grupo parlamentario, todavía no les ha dado una respuesta, pero Ciudadanos sí que estaría dispuesto a apoyarla.
El texto registrado modifica la ley 22/2009, que aprobó el anterior sistema, en un aspecto: cambia el concepto de población ajustada por el de población de derecho, la que aparece en el Padrón.
Así, aunque la propuesta de Compromís no define el concepto de "población de derecho", cabe apuntar que este es un concepto que el Instituto Nacional de Estadística utiliza en el Padrón y que contabiliza el número de personas que oficialmente tenían su residencia en el municipio en la fecha de referencia.
Además de eliminar este concepto de población ajustada, también se quitan de la ley los artículos que hacen referencia a los Fondos de Suficiencia Global, la determinación de las entregas a cuenta, los Fondos de Convergencia Autonómica, Competitividad y Cooperación y se crea, mediante una nueva disposición adicional, un Fondo de Compensación Transitoria.
Este fondo, de aprobarse, tendría como finalidad "que ninguna autonomía pierda financiación en términos homogéneos, según la liquidación definitiva correspondiente al año base". Y tendría una duración de entre cinco y diez años.
Asimismo, Compromís propone que se revise la aportación del Estado al Fondo de Garantía para sustituir transferencias por instrumentos tributarios así como profundizar en la autonomía tributaria. No obstante, esta propuesta debería llegar tras la reforma del sistema fiscal.
Por último, la UTE electoral que integran Iniciativa, Més y VerdsEquo propone una compensación del endeudamiento público autonómico ocasionado por la financiación, cuya cuantía calculará la Airef desde la entrada en vigor del modelo de financiación de 2002.
Aunque las negociaciones continúan -este jueves los grupos parlamentarios del Botànic se reunían para debatir la propuesta-, el president de la Generalitat Ximo Puig ya dejó claro este jueves en la sesión de control que cualquier solución a este dilema, pasa por que el PP apoye la reforma del modelo de financiación. Acto seguido añadía que el líder de los populares, Alberto Nuñez Feijóo, se sitúa en una posición "radicalmente contraria" a los planteamientos de la Comunitat.
El argumentario, que ya expuso de forma idéntica este lunes el jefe del Consell en un desayuno informativo en Fórum Nueva Economía, vino a cuenta de la pregunta de Compromís. La síndica de la coalición, Papi Robles, le cuestionó si su grupo parlamentario, el PSPV, apoyará el texto legal. Y la respuesta no fue ni sí, ni no, pero estuvo más cerca del segundo.
