Un acuerdo plenario del año 1979 que resignificó el monumento plantea más dudas legales al equipo de gobierno
CASTELLÓN. Las fricciones entre los socios de gobierno en el Ayuntamiento de Castellón van en aumento en la recta final del mandato. Compromís no ha dudado en elevar la presión sobre la alcaldesa, la socialista Amparo Marco, y ha decidido presentar sendas iniciativas en el Congreso y en el Senado para que el Gobierno obligue al consistorio a retirar la cruz del parque Ribalta. Eleva así a categoría estatal una disputa municipal que ha ido in crescendo en las últimas semanas.
Ambas formaciones coinciden en el fondo de la cuestión, la retirada del monumento, pues la iniciativa quedaba ya recogida en el Pacte del Grau sobre el que se cimentó el gobierno local. Sin embargo, disienten en cuestiones técnicas. Mientras Compromís sostiene que se cumplen los requisitos legales y urge a la remoción de la cruz, el grupo socialista considera que no existen garantías jurídicas suficientes y podrían exponerse a una querella por prevaricación.
La disensión hasta ahora se había limitado al plano municipal, pero Compromís ha dado una vuelta de tuerca más trasladando el debate a Madrid. La diputada en el Congreso Marta Sorlí y el portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet, han registrado este miércoles una Proposición No de Ley y una moción para que el Gobierno ordene al Ayuntamiento de Castellón retirar la cruz del parque Ribalta, en cumplimento de la Ley de Memoria Histórica.“Nos sorprende la poca prisa que tiene el PSOE en retirar este vestigio franquista en Castellón cuando en el Congreso debatimos y votamos propuestas similares prácticamente cada mes a iniciativa suya. No entendemos cómo retrasan tanto el cumplimiento de su propia ley”, critica la parlamentaria, quien censura "el doble discurso" de los socialistas.
La iniciativa parlamentaria ha aumentado la crispación entre los socios de gobierno. En el partido socialista no esconden su indignación y hay quien interpreta la maniobra como un intento de desviar la atención de la polémica que afecta ahora a la coalición: la imputación de la vicealcaldesa, Ali Brancal, por supuestos delitos de malversación y falsedad a raíz de una denuncia del PP.
De hecho, fuentes consultadas por este diario advierten de que la iniciativa legislativa no tiene recorrido, pues el Ejecutivo carece de potestad para obligar a un ayuntamiento a retirar un elemento urbano que es competencia municipal. Consideran, por tanto, que no es más que una cortina de humo.
Las reticencias del grupo socialista para ejecutar el traslado de la cruz están fundamentadas en cuestiones de tipo legal. La incertidumbre jurídica que aduce se basa en la ambigüedad del informe de la Dirección General de Reformas Democráticas, que por un lado reconoce la ausencia de "causas de excepcionalidad" para aplicar la ley, pero, por otro, señala que es una decisión "política" y "discrecional" y que debe constatarse "fehacientemente" la utilización de la cruz para "manifestaciones y concentraciones de exaltación franquista", un extremo que, recuerdan desde las filas socialistas, todavía debe acreditarse por parte de la Concejalía de Cultura. Consideran, por tanto, que el escrito no aporta seguridad jurídica suficiente para ejecutar la retirada del monumento y podrían exponerse a represalias en los tribunales, por lo que hasta que no tengan todas las garantías legales prefieren no mover ficha.
A esto hay que sumarle otro elemento que añade incertidumbre desde el punto de vista legal y que podría desactivar el argumento de base utilizado para retirar la cruz: que el monumento contraviene la Ley de Memoria Histórica . Un acuerdo plenario de 1979 resignificó la cruz para que pasara de ser un tributo al régimen franquista a un homenaje a "todas las víctimas de la violencia". El texto, al que ha tenido acceso este diario, fue aprobado por la amplia mayoría de los concejales e incidía en que el cambio en la inscripción del monumento debía "servir, al propio tiempo, de manifiesto y expreso rechazo al terrorismo que con tan lamentable asiduidad nos azota recientemente", en referencia a los atentados de ETA en aquella época.
Señalaba, además, que "la condena de la violencia no debe ser pródiga en matices y distinciones ni contener excesivas precisiones excluyentes, sino que, para ser enérgica y rotunda debe ser también suficientemente amplia y genérica". "Por otra parte", argumentaba el pleno, "la convivencia libre y en paz de los españoles desaconseja la presencia y la permanencia de evocaciones de sangrientos enfrentamientos del pasado, por lo que resulta deseable sustituir la leyenda existente en la Cruz [...] por una expresión más genérica de homenaje a todas las víctimas de la violencia, sin discriminaciones ni distinciones".
A la luz del contenido del acuerdo plenario los servicios jurídicos del ayuntamiento han expresado sus dudas a nivel legal: el argumento de que la cruz mantiene la naturaleza de tributo franquista podría perder peso si se tiene en cuenta que el propio consistorio modificó la categoría del monumento.