CASTELLÓ. Vox Castellón presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial del archivo provisional, dictado por el juzgado de Instrucción número 6 de Castellón, de la denuncia por prevaricación presentada contra la concejal del Ayuntamiento de la capital, Verònica Ruiz (Compromís), por retirar la Cruz del Ribalta.
El vicesecretario jurídico de Vox Castellón, Cristóbal Caballero, insiste en que, tras las diligencias de instrucción practicadas, “sí existen indicios claros del delito de prevaricación administrativa”, ya que ha quedado acreditado "que no se producen actos o manifestaciones de exaltación del franquismo" en el entorno de lugar donde se hallaba el monumento y que para el Ayuntamiento justificaban su retirada, “siendo plenamente consciente la denunciada de que tales actos no se producen desde hace décadas”.
Según explica Caballero, el director general de Calidad Democrática perteneciente a la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática hizo constar en el expediente administrativo encargado por la concejal Verónica Ruiz que “la Cruz es un elemento contrario a la Ley de Memoria Democrática siempre que se constate fehacientemente que perviven las manifestaciones y concentraciones de exaltación del régimen franquista”. Así, concluyó, conforme a los informes del Comité de Expertos: “El monumento sigue siendo signo de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura, por ser un punto de concentración para la exaltación del franquismo en fechas concretas” y sentenció que, por este falso motivo, “debe ser retirado”.
A juicio de Caballero, la premisa desde la que parte del Comité de Expertos “es falsa” y recuerda que se aportaron como prueba reseñas de prensa de noticias que se remontaban a los años 1980, 1981 y 2010. “Esto tan solo acredita una cosa: que no se celebran desde hace 40 años actos de exaltación franquista en la Cruz del Ribalta”, afirma.
En este sentido, el vicesecretario jurídico de VOX Castellón considera que se ha producido “un doble torcimiento del Derecho, propio del delito de prevaricación administrativa pues, en primer lugar, para eludir la aplicación de la reiterada jurisprudencia dictada que considera ajustadas a la legalidad vigente las Cruces de los Caídos que han sido resignificadas, esgrimió el peregrino argumento de que un monumento podía convertirse en contrario a la legislación sobre Memoria Histórica por el hecho de que se realizaran junto al mismo actos de exaltación del franquismo, lo que no tiene ninguna justificación legal ni jurisprudencial”. Seguidamente -prosigue Caballero – “una vez fijada esa premisa, afirma falsariamente que en la Cruz del Ribalta se celebran en la actualidad tales actos de apología del régimen franquista”. “Es evidente que no nos encontramos ante un simple acto ilegal, pudiendo apreciarse el plus de antijuridicidad propio del delito denunciado”, dice.
Para Caballero, la concejal Verónica Ruiz “actuó en connivencia y con la necesaria colaboración de las personas responsables del Comité de Expertos y de la Dirección General de Calidad Democrática”. Por eso, añade, “consideramos que la decisión adoptada por la Instructora, que yugula el procedimiento, es prematura e injustificada, y más propia del juicio plenario, al descartar la existencia del delito en un momento incipiente del proceso, sin practicar las diligencias de instrucción solicitadas por VOX”.
