Foto: J. HELLÍN/EPEs más barata una amnistía, a la que están buscando nombre para vestirla de seda, que la condonación de miles de millones de euros de deuda. Debe de ser ese el motivo por el que quienes nos fuimos de vacaciones cuando, de repente, no se hablaba de otra cosa que de la financiación autonómica y la posible condonación de deuda de las Comunidades Autónomas con el Estado hayamos vuelto sorprendidos de que, una vez más, ese espinoso asunto haya desaparecido del debate político, de las portadas y de las tertulias.
Sin esperanza de que el sistema de financiación autonómica se modifique antes de 2026, inasequibles al desaliento, aquí no nos cansamos de escribir sobre esta injusticia que desde hace 20 años ha instaurado la desigualdad en el reparto de dinero para financiar los servicios públicos.
Los valencianos estamos peor financiados por el Estado que el resto de los españoles porque lo dice una ley orgánica, la Lofca, avalada por el Tribunal Constitucional, que, en un alarde de Perogrullo, rechazó un recurso del Consell de Puig contra el reparto de la financiación en 2016 con el argumento de que no vulneraba la Constitución porque era conforme a la ley. Una ley que debía revisarse a partir de 2014, según su propio articulado, pero que para el TC es válida mientras no se derogue.
Tiene razón Urkullu en que al Constitucional le falta sensibilidad autonómica. Es lo único salvable de su artículo publicado el otro día en El País, que hay que tener la cara dura para hablar de "igualdad" cuando presides una comunidad privilegiada económicamente que ni siquiera participa en los mecanismos de solidaridad para que las comunidades menos ricas no se queden atrás.
Por no desviarme del asunto de la condonación de la deuda de CCAA con el Estado, recordemos que se habló de esta posibilidad cuando ERC y Junts empezaron a especular sobre el precio del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, que necesita a los dos partidos catalanes. También a los vascos de PNV y EH Bildu, pero allí ya tienen el Cupo, que es el colmo de la desigualdad, y cuando se habla del sistema de financiación no se meten.
Rápidamente salieron a mostrar su rechazo a tal posibilidad varios presidentes autonómicos, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, quien dijo que la Comunidad de Madrid se opondría "con todos los medios" que le asistan en Derecho. De ahí que Carlos Mazón, que es del mismo partido que Ayuso, comenzara a hablar de "compensación", que es lo mismo que condonación pero suena mejor.
Mazón es el primer interesado en la reforma de la financiación autonómica y la compensación de deuda porque ha heredado una administración deficitaria con una deuda de 55.000 millones, la mayor de todas las CCAA en porcentaje sobre el PIB y la segunda en números redondos por detrás de Cataluña. Más del 80% de la deuda valenciana es con el Estado.
La idea que se aireó y que días después cayó en el olvido hasta que alguien con influencia decida que hay que volver hablar de eso para que la amnistía pase lo más inadvertida posible, era que el Estado perdonase a algunas CCAA parte de los créditos que les ha ido dando desde que allá por 2012 se cerraron los mercados financieros y estas autonomías no encontraron a nadie más que les prestase dinero.
El argumento sería que el actual sistema de financiación autonómica no cubre todo el gasto social de las CCAA, cosa que debería hacer según la ley. Y, por tanto, el Estado sería responsable de la deuda generada para acabar de pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales, servicios que hay que prestar sí o sí.
Aunque se mete todo en el mismo saco, conviene hacer una distinción: todas las autonomías, excepto País Vasco y Navarra, están mal financiadas. Todas en conjunto, pero unas más que otras por el desigual reparto del global de la financiación que reciben. Cataluña, la más endeudada, no está mal financiada en relación con el resto de CCAA, está en la media de euros per cápita –igual que Madrid–, mientras que la Comunitat Valenciana sí está año tras año en el último o penúltimo puesto, que se disputa con la Región de Murcia, a mucha distancia de la media.
En contra de cualquier condonación salieron varios presidentes y presidentas autonómicos. También el director de Fedea, Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica. Los economistas, en general, son poco amigos de las condonaciones por lo que denominan "riesgo moral", que es la tentación natural que tienen los condonados de volver a incurrir en déficit y deuda.
A todos ellos habría que recordarles que el Estado ya condonó deuda a varias CCAA, más de 4.400 millones de euros. Y no hace tanto, en 2022, el año pasado. Por obra y gracia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Estado condonó esa deuda por el método de compensación, que es el que propone Mazón; es decir, me pagas la deuda pero te hago una transferencia por el mismo importe, un paripé que permite utilizar con propiedad el eufemismo "compensación" para evitar hablar de "condonación".
La lista de agraciadas es larga porque, como se ve en el cuadro, la condonación alcanzó a doce de las quince CCAA de régimen común –sin País Vasco y Navarra–, encabezadas por Andalucía (1.261 millones), seguida de Cataluña (538) y Madrid (496). Por orden de población, dirá algún avispado lector. Sí, hasta ahí, porque la siguiente más poblada es la Comunitat Valenciana, que fue una de las tres, junto a Canarias y Baleares, que se quedó sin premio.
¿De dónde venía esa deuda de 4.404 millones al Estado? Pues del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2020, liquidado en 2022. Resulta que estas doce CCAA recibieron aquel año más dinero del que les tocaba y, según dice la ley, lo tenían que devolver dos años después. Pero Hacienda, que somos todos pero unos más que otros, se lo perdonó en lo que supuso un doble agravio para las tres poca ropa que en 2020 no habían sido sobrefinanciadas.
Aquella condonación no ocupó espacio en las tertulias, ni siquiera bajo el eufemismo "compensación", ni apareció en las portadas de los diarios nacionales. Este periódico sí lo denunció y, meses después, Ángel de la Fuente, que no se casa con nadie, puso cifras y conclusiones a la cacicada: según el director de Fedea, esta "condonación" –así la llamó, sin eufemismos– supuso una financiación extra para esas doce CCAA en perjuicio de las otras tres.
Esto, según se ve en las cifras, fue especialmente grave para los valencianos, que acabamos más alejados que nunca de la media, a casi once puntos. En euros por habitante, La Rioja recibió un 32% más que la Comunitat Valenciana (880 euros más), y Madrid, un 18% más (495 euros más per cápita).
No fue noticia aquella decisión arbitraria del Gobierno de Sánchez y por eso la traigo aquí, para recordar que en política lo más importante son los acuerdos y los votos, no la igualdad ni la justicia. Y para que alguien le recuerde a Ayuso, cuando se oponga con todos los medios que le asistan en Derecho a cualquier condonación, que cuando le tocó a ella no se quejó. Tampoco se quejó Feijóo que gobernaba entonces Galicia, agraciada con 392 millones.
Pero qué queremos, si ni siquiera Puig protestó.
