Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. La macroplanta solar conocida como Magda sigue adelante en su tramitación administrativa. El Gobierno sacó a exposición pública en agosto las modificaciones introducidas por el promotor, la compañía francesa Akuo. Un cambio mediante el cual, entre otras cosas, reducía la superficie ocupada por la planta al 40% de cara a obtener el segundo permiso del Ministerio de Transición Ecológica -el primero ya lo obtuvo a principios de junio-. Así, tanto ayuntamientos afectados como la Diputación de Castellón han presentado sendos escritos de alegación, otro más, contra el desarrollo de la iniciativa.
Entre los cambios, se encuentra la reducción del 40% de la superficie ocupada por la planta, como había anunciado ya Akuo: de las 472 hectáreas iniciales, la planta quedará en 240 hectáreas. También ven reducido el número de módulos fotovoltaicos pasando de casi 259.000 a 211.000 en el proyecto actualizado. "Puesto que se ha visto reducida la superficie disponible para la implantación fotovoltaica, se ha reducido la potencia máxima instalada", subraya, para cifrar la modificación de los 150 megavatios a los 129,7 finales. A todo ello se suman más cambios, como el de la longitud de vallado, que se reduce casi a la mitad -de 93.000 metros a 49.000-.
Por su parte la corporación, que preside la popular Marta Barrachina, presentó el pasado 25 de septiembre el documento donde los servicios jurídicos de la Diputación solicitan "desestimar" los permisos al proyecto por "no dar cumplimiento" a los condicionantes fijados por el Ministerio en su declaración de impacto ambiental y se centran especialmente en cuestionar el estudio de impacto ambiental elaborado por la compañía al considerarlo "inválido" por no contemplar alternativas "viables", además de cuestionar el proyecto por su impacto medioambiental, paisajístico, patrimonial y social.
La administración provincial recuerda que los juzgados defienden la búsqueda de "un equilibrio" para "conciliar" las instalaciones de energías renovables con la protección del medio ambiente y la forma de vida de sus habitantes, pero no que "exista una preeminencia incuestionable" para los proyectos fotovoltaicos. En ese sentido, defiende que "existen razones imperiosas de interés público de primer orden y/o alternativas menos perjudiciales para el territorio, que justifiquen la modificación de sus términos o, incluso, su no implantación".
Así pues, la Diputación de Castellón subraya que el proyecto presentado es "ilógico" y que "conllevará sustanciales costes medioambientales", además de la "fuerte movilización ciudadana" que ha generado. Cuestiones que "desdibujan su carácter de utilidad pública y hacen del todo punto incoherente su proyección, existiendo otras alternativas y ubicaciones más razonables". El documento asegura que la iniciativa presenta, en esa línea, "una serie de defectos de sustancial relevancia, así como multitud de incongruencias".
Toda iniciativa de este tipo debe estudiar alternativas para acabar seleccionando la mejor, pero esto no se produce aquí, a juicio de los servicios jurídicos de la Diputación, que denuncian que el promotor se limita "a justificar una opción preseleccionada". Así, critica que el estudio se limite a "un enfoque generalista" sin aterrizar a las "singularidades del territorio al que afectará", sin concretar "los presuntos beneficios que conllevaría el proyecto para las zonas afectadas" y sin tener en cuenta la gran cantidad de proyectos fotovoltaicos en marcha, que haría innecesaria esta infraestructura.
Sobre ello, subraya que en el estudio de impacto ambiental de Akuo, "ninguna de las alternativas planteadas resulta viable desde un punto de vista ambiental , lo cual revela que la decisión de la promotora no se ha basado en una ponderación objetiva de los elementos afectados, sino en sus propias preferencias o intereses", algo que incumpliría la normativa.
Además de todo ello, subraya el escrito, el estudio de impacto tampoco estudia "las sinergias" con otros proyectos existentes o previstos: "El estudio de impacto ambiental no puede realizarse de forma aislada", subraya el documento, para añadir precisamente que uno de "los defectos más relevantes del proyecto" es obviar "el impacto acumulativo" del proyecto y su línea de evacuación junto con la línea de muy alta tensión (MAT) que prepara Red Eléctrica entre la subestación de La Plana y Morella.
"En caso de coexistir varías líneas eléctricas", subraya el escrito, se cometería "una evidente infracción de la normativa en materia de seguridad y salud" debido al incumplimiento de las limitaciones de distancia entre las infraestructuras en algunos municipios. "Lo que se está advirtiendo -subraya la Diputación- es que la implantación de estas plantas podría provocar una telaraña de redes de líneas de evacuación".
Asimismo, la Diputación insiste en la oposición que han mostrado los ayuntamientos afectados y sus departamentos técnicos, y recuerda "las discrepancias y reparos" puestos de manifiesto por las diversas corporaciones, según las cuales la planta solar tendrá "graves impactos en el valor ambiental, social, turístico y patrimonial en sus territorios". Por ejemplo, Almassora cuestiona la idoneidad de nuevas infraestructuras y especialmente de la línea de evacuación, que "continúa siendo agresiva para el municipio" por "no tenerse en cuenta la posible coordinación con el trazado" de la MAT de Red Eléctrica.
Desde Benlloc, por su parte, se pidio justificación de que no se ocuparán terrenos con pendientes superiores al 25% y que el proyecto no supondrá la ocupación de más del 3% del suelo no urbanizable del municipio como marca la normativa. Borriol además cuestión el paso de la línea de evacuación en su municipio por terrenos donde sería urbanísticamente incompatible. Y augura que el proyecto conllevará la "limpieza de masas forestales arboladas compactas, la eliminación de vegetación con flores de alto valor ecológico y la eliminación de áreas ocupadas con matojos".
El informe de Les Coves de Vinromà critica que toda la superficie proyectada en su municipio son "terrenos agrícolas en producción, e incluso de producción ecológica", y pone de manifiesto que el primer permiso ya fue recurrido, y si el recurso no prospera, advierte ya de un recurso en vía judicial. A lo que se sumarían las alegaciones de Vilafamés contra la falta de información de diversas torres de la línea de evacuación, sobre la que también advierte de incompatibilidad con el planeamiento urbanístico al pasar cerca de bienes protegidos.
Por su parte, Cabanes alega "la falta de una correcta definición o delimitación de las líneas" para evaluar su compatibilidad, así como una "notabilísima afección visual" que provocarán las instalaciones en el Parque Natural el Prat de Cabanes Torreblanca. Además, señala que la iniciativa "afecta gravemente y de forma negativa al paisaje de zona denominada la Planade l’Arc" y que la construcción "supondría un grave atentado al desarrollo armónico" de la zona por "un grave deterioro al paisaje y, en algunos casos, la práctica eliminación en amplias zonas dela agricultura y de las actividades tradicionales, aumentando la despoblación en la comarca".
Ante la coexistencia de la MAT de Red Eléctrica con la línea de evacuación de la Magda, Sant Joan de Moró asegura que debe prevalecer la primera porque "se trata de una infraestructura preexistente" y "presenta un interés estratégico a nivel estatal". Asimismo, el Ayuntamiento ha reclamado en vía judicial la modificación de la MAT, por lo que si se acepta el recurso podría haber un solapamiento, indica en su escrito, que conduciría a "dos franjas desforestadas con un gran impacto visual y paisajístico".
También Vall d'Alba alegó contra la línea de evacuación, cuya modificación "aumenta el número de apoyos presentes en este municipio" según los informes municipales, así como contra la coexistencia con la MAT, que haría a la línea de la Magda "absolutamente innecesaria desde el punto de vista medioambiental, de seguridad y de salud". Y además, subraya que "el trazado sigue siendo incompatible con los usos previstos en el PGOU vigente".
A todo ello habría que sumar los informes del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, que entre otras cosas ven "afecciones importantes en cuanto a cruces con zonas rurales protegidas por afecciones en el planeamiento municipal" y que el trazado de la línea y sus apoyos son "incompatibles con el planeamiento" urbanístico.
