CASTELLÓ. El proyecto de la macroplanta solar Magda sigue su tramitación administrativa. Después de obtener el primer permiso por parte del Ministerio de Transición Ecológica, la firma trabaja para obtener la segunda autorización preceptiva. Un trámite para el que ha presentado la documentación del proyecto actualizado, donde se materializan ya modificaciones anunciadas como la reducción de la superficie ocupada por las instalaciones o la reducción de la planta, pero también cambios relativos a las líneas eléctricas y otras cuestiones.
El pasado 24 de abril, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio resolvió favorablemente la autorización previa para el proyecto, publicada a principios de junio. Con ello, se superaba un primer estadio administrativo, que condicionaba el visto bueno al cumplimiento de las 64 cláusulas que había marcado previamente el Ministerio en la declaración de impacto ambiental "para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales".
La compañía promotora, Tregmul Trade, filial del fondo francés Akuo, ya había avisado de que todos estos pasos se habían superado con la documentación presentada inicialmente en 2020 y que constituían una "versión maximalista", en palabras de la directora de Akuo en España, Eugenia Cerverón, pero que el proyecto había evolucionado con el paso del tiempo y estos cambios se reflejarían en la documentación presentada de cara a la obtención del segundo permiso, la autorización administrativa de construcción: "Estamos adaptando el proyecto tras un trabajo en el territorio y únicamente con aquellos propietarios que quisieran formar parte del proyecto", exponía en ese sentido.
Así pues, la Subdelegación del Gobierno en Castellón ha sacado a exposición pública estos cambios, entre los cuales se encuentran la reducción del 40% de la superficie ocupada por la planta, como había anunciado ya Akuo. "La incorporación de las medidas propuestas en el Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ha conllevado una reducción de las zonas hábiles para la implantación fotovoltaica", explica el documento del Gobierno: de las 472 hectáreas iniciales, la planta quedará en 240 hectáreas.
Esto tiene un impacto directo en la energía producida por las instalaciones fotovoltaicas, que también ven reducidoel número de módulos fotovoltaicos pasando de casi 259.000 a 211.000 en el proyecto actualizado. "Puesto que se ha visto reducida la superficie disponible para la implantación fotovoltaica, se ha reducido la potencia máxima instalada", subraya, para cifrar la modificación de los 150 megavatios a los 129,7 finales. A todo ello se suman más cambios, como el de la longitud de vallado, que se reduce casi a la mitad -de 93.000 metros a 49.000-.
En cuanto a las líneas de evacuación, el proyecto modificado también contempla novedades. "Se diseñan (...) un total de nueve (9) ramales", explica el Gobierno. De ellos, siete evacuarán en la nueva subestación "Les Coves", y otras dos lo haran en "El Cuartico". Un cambio sustancial respecto a las 14 líneas de evacuación planteadas inicialmente: "El objeto de esta actuación es reducir al máximo las longitudes, es decir, ahorro económico".
Asimismo, en el proyecto actual desaparecen las tres subestaciones colectoras propuestas inicialmente y, por consiguiente, las líneas subterráneas que evacuan la energía desde las colectoras hasta las subestaciones eléctricas transformadoras. El motivo: porque "solo encarecen el precio total del proyecto sin realmente tener un beneficio significativo en la eficiencia de evacuación".
Esto incrementará el número de ramales de líneas de conexión de la subestación de "Les Coves": pasará de cuatro ramales a siete. En la otra subestación, solo se conectarán dos ramales en lugar de tres "con el fin de minimizar el impacto ambiental y económico que presentan las líneas eléctricas". Asimismo, se recogen diferentes cambios en los trazados y apoyos de las líneas de alta tensión.
En ese sentido, hay que recordar que, como publicó Castellón Plaza, Akuo ha tenido que modificar el trazado de la línea de evacuación de la instalación para que no interfiera en la futura línea de Muy Alta Tensión (MAT) Morella-La Plana, que ya ejecuta Red Eléctrica Española (Redeia), quien había advertido de que el trazado de la línea aérea de evacuación incurría en "solapamientos y paralelismos no reglamentarios" con la MAT. Akuo aceptó a modificar el trazado. Sin embargo, en el caso de Vilafamés, la promotora solo se ha mostrado dispuesta a compensar económicamente al Ayuntamiento por la afección a la MAT pero sin tocar el recorrido.
Así pues, con estas modificaciones, Akuo está a la espera de que el Ministerio le conceda la autorización de construcción -el segundo permiso. Con todo, hay que recordar que, como explicó este diario recientemente, antes de conseguir esa autorización, la filial de Akuo, que es la que realmente impulsa el proyecto, tendrá que obtener el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en cuanto a su capacidad legal, técnica y económica para llevarlo a cabo. La Comisión resolvió recientemente que no tenía toda la documentación necesaria para acreditar la capacidad económica y la compañía tendrá que aportarla para seguir adelante.
Además de este trámite, también se requiere que los ayuntamientos cuyos términos municipales estarán afectados por la planta otorguen sus respectivas licencias de obra. Con ello se podrían empezar los trabajos de la planta solar. Aunque la firma ha solicitado también que el Ministerio declare la iniciativa como de utilidad pública para la parte de la línea aérea de alta tensión. Un trámite que permitiría expropiaciones si lo requiriese, pero Akuo ya ha anunciado que no echará mano de este mecanismo para construir la línea con el desacuerdo de los propietarios.
Desde que se conoció la iniciativa fotovoltaica, ha recibido el rechazo de asociaciones vecinales y ecologistas pero también de todos los partidos políticos y la Generalitat Valenciana ha emitido informes desfavorables. De hecho, la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica presentó un recurso requiriendo al Gobierno para que derogue los trámites superados al haber obviado informes en contra emitidos por la Generalitat Valenciana.
