CASTELLÓ. La Generalitat Valenciana busca paralizar el proyecto de megaplanta solar proyectado por el grupo francés Akuo en la provincia de Castellón. La iniciativa fotovoltaica había obtenido la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización previa por parte del Gobierno central. Pero ahora, la Conselleria de Agricultura y Emergencia Climática ha requerido al Ejecutivo para que derogue ambas resoluciones al haber obviado informes en contra emitidos por la Generalitat Valenciana.
Hay que recordar que la iniciativa, bajo el nombre Magda, prevé la ocupación de unas 250 hectáreas de suelo para la implantación de placas solares que sumarían una potencia pico de hasta 128 megavatios en los municipios de Les Coves de Vinromà y también de Cabanes y Benlloch. Además de una línea de muy alta tensión de 52 kilómetros pasando por 12 términos municipales diferentes: Vilanova d'Alcolea, la Torre d'en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, La Vall d'Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora.
El pasado mes de enero, el Ministerio de Transición Ecológica dio luz verde a la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para el proyecto con condiciones. Y lo hizo sin tener en cuenta un informe desfavorable de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat, según el gobierno, por haber sido remitido fuera del plazo. Extemporaneidad que niega la Generalitat Valenciana, por lo que pide tener en cuenta dicho informe.
Según defiende la Conselleria, que dirige Isaura Navarro, el argumento de la extemporaneidad "es incorrecto" porque emitió el informe en tiempo y lo envió "dentro del plazo" a la Subdelegación de Gobierno, donde, subraya la Generalitat, se "produce la demora" y, por tanto, la "postergación" no es "imputable a esta administración autonómica". Una explicación que la Generalitat ya dio en marzo pero que, sin embargo, el Gobierno desestimó continuando con el proceso y otorgando la autorización administrativa previa en el mes de mayo "sin haber atendido a las alegaciones formuladas ad cautelam", alega la Generalitat.
El escrito de la Conselleria, adelantado por eldiario.es, recuerda que la misma declaración de impacto ambiental del Gobierno reconoce que el proyecto puede "generar impactos" sobre la Red Natura 2000 pero aprueba la declaración "sin contener la resolución de repercusiones que ella mismo reconoce que es necesaria". Por todo ello, califica de "ilegalidad o invalidez" aquella resolución del mes de enero en el requerimiento remitido al Gobierno.
En él, la Generalitat pide por tanto revocar o anular la declaración de impacto ambiental de enero así como la autorización administrativa previa del mes de mayo. Si dentro de un mes, el requerimiento no ha obtenido respuesta, se entenderá por rechazado y la Generalitat Valenciana podrá acudir a los tribunales con un recurso contencioso, si decide seguir con el procedimiento.
Además de la administración autonómica, también la asociación vecinal y ecologista Nostra Terra ha anunciado un recurso contra el proyecto fotovoltaico al considerar que tiene "vicios de nulidad". En este sentido, ha denunciado que "la declaración de impacto ambiental favorable no ha dado una respuesta adecuada a los informes negativos que se emitieron en su día desde la Generalitat Valenciana". "De hecho, que no se tuvieran en cuenta estos informes negativos ha sido la principal queja de las administraciones autonómicas", subrayaron desde la organización.
Asimismo, la entidad ha creado un grupo de trabajo con los dos partidos políticos que este sábado han renovado el Ayuntamiento de la localidad castellonense, así como con otras instituciones locales. Y ha contratado un bufete de abogados expertos en temas medioambientales para redactar el recurso que presentarán ante el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica, al tiempo que ha mostrado su "esperanza" por el hecho de que se pueda pedir la nulidad de Magda.
A falta de saber cómo resolverá el Gobierno este requerimiento de la Generalitat Valenciana, lo cierto es que la Magda encara la recta final del proceso administrativo. Tras la DIA favorable y la autorización previa, le restaría la consecución de la autorización administrativa de construcción. En ese sentido, hay que recordar que, como explicó este diario recientemente, antes de conseguirla, la filial de Akuo, que es la que realmente impulsa el proyecto, tendrá que obtener el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en cuanto a su capacidad legal, técnica y económica para llevarlo a cabo. La Comisión resolvió recientemente que no tenía toda la documentación necesaria para acreditar la capacidad económica y la compañía tendrá que aportarla para seguir adelante.
Además de este trámite, también se requiere que los ayuntamientos cuyos términos municipales estarán afectados por la planta otorguen sus respectivas licencias de obra. Con ello se podrían empezar los trabajos de la planta solar. Aunque la firma ha solicitado también que el Ministerio declare la iniciativa como de utilidad pública para la parte de la línea aérea de alta tensión. Un trámite que permitiría expropiaciones si lo requiriese, pero Akuo ya ha anunciado que no echará mano de este mecanismo para construir la línea con el desacuerdo de los propietarios.
Al respecto, en una entrevista concedida a Castellón Plaza la directora de Akuo en España, Eugenia Cerverón, explicaba que se ha pedido al declaración de utilidad pública porque "uno de los pronunciamientos" de organismos que requiere el proyecto "se hace en el marco de la declaración de utilidad pública". "Para poder llevar a cabo un proyecto de generación de energía, pedir esta declaración forma parte del proceso globaL", explicaba: "Abre la puerta a iniciar un proceso de expropiación, pero es una posibilidad, no la finalidad de ese permiso".
