CASTELLÓ. Segundo paso superado. La macroplanta solar proyectada por el fondo francés Akuo en la provincia de Castellón ya ha obtenido la autorización administrativa previa para la instalación de la planta solar bajo el nombre Magda. Un trámite administrativo más después de que la infraestructura obtuviera la declaración de impacto ambiental positiva con condiciones por parte del Ministerio de Transición Ecológica, y que le acerca a los próximos y últimos compases.
Hay que recordar que la iniciativa prevé la ocupación de unas 250 hectáreas de suelo para la implantación de placas solares que sumarían una potencia pico de hasta 128 megavatios en los municipios de Les Coves de Vinromà y también de Cabanes y Benlloch. Además de una línea de muy alta tensión de 52 kilómetros pasando por 12 términos municipales diferentes: Vilanova d'Alcolea, la Torre d'en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, La Vall d'Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora.
Este miércoles, el BOE publicó la autorización administrativa previa del proyecto, donde recuerda que la compañía deberá adaptarse a la declaración de impacto ambiental y las 64 cláusulas que marcó el Ministerio como condiciones "para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales", que van desde medidas para proteger la fauna y flora hasta otras sobre el paisaje o el suelo.
Con todo, el trámite superado es un paso "intermedio", según explican en la firma impulsora, que a preguntas de este diario subrayan que "no permite iniciar ningún trabajo" todavía. Para ello primero se requiere dar el siguiente paso, la consecución de la autorización administrativa de construcción. Y para este estadio, Akuo presentará el proyecto con las modificaciones ya anunciadas y que incluye precisamente la rebaja a 250 hectáreas el suelo afectado así como otras medidas correctoras y compensatorias.
Hay que recordar que, como explicó este diario recientemente, antes de conseguir esa autorización de construcción, la filial de Akuo, que es la que realmente impulsa el proyecto, tendrá que obtener el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en cuanto a su capacidad legal, técnica y económica para llevarlo a cabo. La Comisión resolvió recientemente que no tenía toda la documentación necesaria para acreditar la capacidad económica y la compañía tendrá que aportarla para seguir adelante.
Además de este trámite, también se requiere que los ayuntamientos cuyos términos municipales estarán afectados por la planta otorguen sus respectivas licencias de obra. Con ello se podrían empezar los trabajos de la planta solar. Aunque la firma ha solicitado también que el Ministerio declare la iniciativa como de utilidad pública para la parte de la línea aérea de alta tensión. Un trámite que permitiría expropiaciones si lo requiriese, pero Akuo ya ha anunciado que no echará mano de este mecanismo para construir la línea con el desacuerdo de los propietarios.
Al respecto, en una entrevista concedida a Castellón Plaza la directora de Akuo en España, Eugenia Cerverón, explicaba que se ha pedido al declaración de utilidad pública porque "uno de los pronunciamientos" de organismos que requiere el proyecto "se hace en el marco de la declaración de utilidad pública". "Para poder llevar a cabo un proyecto de generación de energía, pedir esta declaración forma parte del proceso globaL", explicaba: "Abre la puerta a iniciar un proceso de expropiación, pero es una posibilidad, no la finalidad de ese permiso".
En cualquier caso, lo cierto es que la firma no ha podido cumplir el cronograma previsto debido a los tiempos administrativos: la idea era que la planta se empezara a materializar el 24 de mayo de 2023. Ahora bien, el plazo de ejecución de la obra no tendría por qué variar y en el proyecto se contempla un período de 267 días para acabar los trabajos y otros 60 días de pruebas para la puesta en marcha, lo cual resulta en unos once meses aproximadamente.
Desde que se conoció la iniciativa fotovoltaica, ha recibido el rechazo de asociaciones vecinales y ecologistas pero también de todos los partidos políticos y la Generalitat Valenciana ha emitido informes desfavorables. De hecho, este mismo miércoles, tras conocer la autorización ministerial, la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica anunció un recurso de alzada al Ministerio de Transición Ecológica que podría paralizar la tramitación de la instalación.
Según la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, el Ministerio no ha tenido en cuenta el informe desfavorable de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental y ha subrayado que los actuales responsables autonómicos defenderán "hasta el último día un uso racional del territorio" y una explotación que "respete nuestra soberanía alimentaria y el arraigo de la gente en el mundo rural". El recurso se está trabajando desde los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana. La Generalitat tiene un mes para recurrir. Se desconoce, sin embargo, si el nuevo Consell, previsiblemente presidido por el popular Carlos Mazón, cambiará su postura al respecto.
