VALÈNCIA (EP). El Equipo de Delitos Económicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha detectado cuatro tipos de irregularidades en la justificación de gastos de las ayudas concedidas a la subvención del valenciano y el catalán por la Generalitat valenciana y la catalana a empresas vinculadas al empresario Francis Puig, que van desde la existencia de facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para obtener subvenciones en mayor cuantía de la que correspondería, otras de las que se cuestiona si pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está suficientemente justificado y otras duplicadas.
Así consta en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción al Juzgado de Instrucción número 4 de València, que investiga este caso, con fecha de 31 de marzo. El titular de este órgano judicial ya ha acordado la citación del administrador de Comunicacions dels Ports SL y Mas Mut Producciones SL, Francis Puig, hermano del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, como solicitante de las ayudas, así como del administrador de Canal Maestrat SL, Juan Enrique Adell Bovell para el próximo mes de mayo.
El fiscal había solicitado la declaración de Francis Puig por las facturas cuyo pago no ha podido ser acreditado o aquellas cuya relación con la actividad de las mercantiles que administran no ha podido ser determinada y la de Bovell, administrador solidario de la mercantil Canal Maestrat, por estos motivos y por las imputaciones de falseamiento de nóminas para la obtención de subvenciones.
Igualmente había pedido en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la Intervención de la Generalitat valenciana y catalana realicen un informe-auditoría sobre las subvenciones recibidas de la Generalitat valenciana y catalana por cada una de las sociedades entre 2015 y 2018 (Comunicacions del Ports, Mas Mut Produccions y Canal Maestrat), para determinar las cantidades que han podido ser obtenidas indebidamente, petición a la que también ha accedido el magistrado.
Según las conclusiones de la Guardia Civil recogidas en el escrito del fiscal, se ha comprobado la existencia de facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para obtener subvenciones en mayor cuantía que la que correspondiera en todas las empresas analizadas, unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otras facturas de las que se cuestiona si pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está suficientemente justificado según las bases reguladoras de las ayudas.
En este último caso, de acuerdo con la fiscal, en el supuesto de que no lo sean, la conducta podría entrar en la de falseamiento que exige el delito de fraude de subvenciones o ser constitutiva de infracción administrativa con obligación de reintegro, y facturas duplicadas y de suministro de energía u otros que no se corresponde con el domicilio social, que integrarían en el primero concepto salvo que también sean ficticias.
Igualmente, la Policía Judicial constata la imputación de gastos realizada al 100% en las solicitudes dirigidas a la Generalitat Valenciana y a las de Catalunya, esto es, "solicitar íntegramente la subvención en ambas administraciones, justificando los mismos gastos". Según el fiscal, esta acción debe tenerse en cuenta sobre todo en el caso de la última administración dado que la justificación de gastos es la del año anterior y pide comparar cuantías entre las subvenciones de ambos gobiernos para averiguar el exceso en el gasto acreditado.
De acuerdo con el fiscal, la omisión en la solicitud de que se han recibido otras subvenciones con la misma finalidad, especialmente en el caso de las de Catalunya, puesto que la acreditación de gastos es del año anterior, debería ser reconducida a la conducta de falseamiento que exige el delito de fraude de subvenciones.
