CASTELLÓ. La Diputación ha aceptado la propuesta presentada por los populares la pasada semana para que los vecinos de Torre la Sal puedan contar con un servicio jurídico que vele por sus intereses. “De esta manera no se encontrarán indefensos ante la decisión de derribar unas construcciones que forman parte de la historia, de la cultura y hasta del paisaje de nuestra provincia”, puntualiza el diputado popular Andrés Martínez.
Según explica Martínez en un comunicado, esta iniciativa es “la muestra más clara del sólido compromiso del Partido Popular no solo con los vecinos de Torre la Sal, sino con la de todos los poblados marítimos de nuestro litoral que están en peligro por estar construidos sobre terrenos que Costas considera que son de dominio público marítimo-terrestre”.
Por tal motivo, el Partido Popular ha solicitado a la Diputación de Castellón que inste al Gobierno de España a que modifique la ley de Costas que amenaza la supervivencia de estos núcleos “y que, además de otras consideraciones, se valore y respete las singulares características culturales, históricas y etnológicas de todos estos poblados, como es el caso, además de Torre la Sal, de Nules, Almenara, Xilxes, Moncofa y la Llosa”.
En la moción, el Partido Popular reclama, precisamente, que todos estos poblados marítimos ·”sean considerados núcleos urbanos con especiales valores etnológicos aquellos conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados; o bien que estén integrados en el entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico”.
“Por lo tanto, todos estos poblados deberán ser excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica de un deslinde que los excluya y se regirán por el régimen de los terrenos incluidos en zona de servidumbre de protección”, matiza Andrés Martínez.
