La alcaldesa, Amparo Marco, con el edil de Hacienda, David Donate, en una imagen de archivo. Foto: Antonio PradasCASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló se reafirma sobre el Camí Caminàs y aguanta el pulso a la Generalitat Valenciana. Ni siquiera las declaraciones del president, Ximo Puig, advirtiendo que corresponde al consistorio pagar las tasas de concesión de la vía pecuaria para ejecutar la reforma integral, amilanan a los servicios jurídicos municipales, que entienden que existen dos artículos de la ley que obligan a la Conselleria de Medio Ambiente a asumir los aranceles.
Ante esta situación de anquilosamiento y dada la importancia del proyecto, el Acord de Fadrell está dispuesto a realizar un sacrificio. "Por ello, se está estudiando cómo desbloquear la tramitación burocrática", apuntan fuentes municipales.
El portavoz del Gobierno local, Rafa Simó, incluso aventura que "en las próximas semanas" se llegará a un entente entre las administraciones para cerrar la parte administrativa y, a continuación, iniciar la licitación de la obra, presupuestada en 4,2 millones de euros.
La reforma del Caminàs sufre actualmente un estancamiento a consecuencia de una disputa técnica. En concreto, de interpretación de la ley. Alrededor de 15.000 euros tienen la culpa de que los funcionarios de un departamento (municipal) y de otro (autonómico) no se pongan de acuerdo. Hasta ahora, el abono de las tasas siempre correspondía al titular de la propiedad, aunque fuera otra institución la que ejecutara un proyecto de mejora.
Sin embargo, parece que esa 'cortesía' entre administraciones cambiará a partir de ahora. El Ayuntamiento pondrá precio a su flexibilidad: mayor diligencia de la Conselleria no solo con la actuación en cuestión, sino también con el Plan General (PG), cuya evaluación ambiental (de la parte estructural) sigue pendiente.
En este sentido, los técnicos de Medio Ambiente tienen desde hace semanas el nuevo documento sobre el plan de inundabilidad, principal obstáculo para avanzar con la declaración. Resuelto el contratiempo, Simó se apresuró a solicitar de los servicios jurídicos de Conselleria cierta "sensibilidad". Primero, por ser Castelló la única capital de provincia de la Comunitat Valenciana sin unas normas urbanísticas afianzadas. Segundo, y como consecuencia de lo anterior, el perjuicio económico que supone carecer de un marco legal que contribuya al desarrollo de la ciudad.
A pesar de aquel ruego del portavoz del Gobierno municipal, la ausencia de noticias desde la Generalitat se ha convertido en la tónica habitual en los últimos días.
