CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló asume como una posibilidad abonar los aranceles de concesión de la vía pecuaria del Camí Caminàs para desbloquear la actual situación y reactivar la reforma integral cuanto antes. Aunque no es la única alternativa, sí que está encima de la mesa del Acord de Fadrell, como reconoce el portavoz del Ejecutivo local, Rafa Simó, quien advierte que, para tomar finalmente esa decisión, primero se hará la enésima tentativa con la Conselleria de Medio Ambiente con el propósito de demostrar que la ley ampara al consistorio en la disputa técnica.
"En las próximas semanas encontraremos una solución. Una puede ser pagar las tasas", avanza Simó, como también "hacer un último intento para ver si nos podemos acoger a uno de los artículos", añade.
En concreto, el munícipe se refiere a los epígrafes 13.1.1 y 13.1.2 de la Ley de tasas. En un caso exime a cualquier administración de sufragar la base imponible "si la actuación no implica una utilización económica", precisa el portavoz del Fadrell. En el otro, se indica de forma muy clara que las instituciones públicas están exentes de costear cánones.
"Las apreciaciones son siempre complejas. Lo que puedo decir es que no habríamos hecho bien en no hacer caso a la interpretación jurídica de nuestros técnicos", señala el concejal. "Ahora bien, entendemos también que llega un punto en que no tiene sentido que nos enroquemos, aunque creemos que nos podríamos aferrar a uno de esos dos artículos. Haremos lo que sea necesario para desbloquear esta situación. Es una pena pero quedará en anécdota cuando actuemos en una vía tan significativa y con un valor patrimonial, cultural y medio ambiental tan importante como es el Caminàs", agrega.
El pulso del Ayuntamiento de Castelló con la dirección general de Vías Pecuarias, dependiente de la Conselleria, se cuantifica en 15.000 euros, cantidad que los funcionarios de Medio Ambiente exigen para otorgar la autorización acerca de la concesión.
El proyecto de la reforma integral del Caminàs ronda los 4,2 millones de euros, de manera que la suma motivo de la controversia resulta ínfima. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, fue muy gráfica al respecto el pasado 29 de enero. "Desde otra perspectiva y como ciudadana, me parece marciano. Es decir, que desde el Ayuntamiento consigamos dinero europeo y dinero propio para arreglar una propiedad de la Generalitat para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y te hagan pagar tasas, no tiene ningún sentido", aseguró.
Más de una semana después de aquellas declaraciones el consistorio se plantea ahora como solución apoquinar los impuestos para impedir que la desavenencia legal se enquiste en el tiempo.