CASTELLÓN. El Ayuntamiento de Moncofa ha tratado este jueves en sus comisiones la aprobación de la tarifa transitoria de la desaladora, según ha informado el consistorio en un comunicado. Dicha tarifa transitoria obliga a un consumo mínimo de agua, lo cual permitirá salvar las subvenciones de la Unión Europea, sin establecer ningún tope que limite necesidades mayores de agua. En base a este consumo, el pago que deberá afrontar el municipio es de tan solo 50.000 euros al año, han señalado las fuentes municipales.
En la práctica, el acuerdo entre el ayuntamiento moncofense y Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) permite la puesta en marcha de la planta desaladora ubicada en la localidad, que debe entrar en producción este mismo mes de marzo si la entidad pública estatal no quiere tener que devolver las ayudas recibidas desde la Unión Europea, en virtud de los fondos Feder, y que ascienden a más de 16 millones de euros, para la construcción de la instalación.
En la comisión informativa, el equipo de gobierno moncofense ha defendido la conveniencia de la firma del convenio, negociado durante más de dos año con Acuamed, en un proceso en el que han participado todas las fuerzas políticas con representación en la población.
En la comisión han compartido la posición del equipo de gobierno del Partido Popular, los concejales del PSOE y los independientes Jaime Picher y Rafael Silvestre, mientras que Compromís se ha abstenido y no ha estado presente Sandra Julià, representante de Ciudadanos, que, según destacan las fuentes municipales, no ha acudido a ninguna de las reuniones convocada por el equipo de gobierno para tratar los presupuestos 2019.
De esta manera, y tras la votación favorable de la comisión informativa, esta misma semana se convocará una sesión plenaria extraordinaria para el próximo miércoles 20 de marzo que coincidirá también con el pleno de presupuestos, para dar validez a la puesta en marcha de la desaladora.
La tarifa transitoria establece unos consumos iniciales mínimos muy “asequibles” compatibles con un volumen mayor sin ningún otro compromiso que “permiten el crecimiento industrial y turístico de Moncofa, con la consiguiente generación de puestos de trabajo”, asegura el alcalde Wences Alós. La población de Moncofa está consumiendo agua por encima de los derechos que tiene asignados en el Consorcio de la Plana por lo que en estos momentos no puede autorizar nuevos desarrollos industriales a pesar de que el tercer grupo cerámico nacional ha adquirido recientemente todo un PAI industrial pendiente de su autorización.
El anterior convenio, firmado por el equipo de gobierno socialista de José Vicente Isach, establecía el pago de los costes de la obra lo que suponía el desembolso de más de un millón de euros anuales, a los que había que sumar el consumo de agua, muy lejos del pago que se tendrá que realizar el primer año según el nuevo convenio, que no alcanza los 50.000 euros por consumo de agua, sin tener que hacer frente a costes de amortización.
El Ayuntamiento de Moncofa continúa revindicando que el Gobierno de España asuma los costes de construcción de la desaladora y la búsqueda de nuevos consumidores en los municipios colindantes. Para el alcalde de la localidad, “el Plan Hidrológico contempla que ante un episodio de sequía extrema todos los municipios del sur de Castellón recurrirían a la desaladora, por lo que es lógico que el Estado central asuma el coste de amortización”. El munícipe también asegura “además de Moncofa y Xilxe,s incluso en el propio consorcio hay tres poblaciones necesitadas de derechos de agua por lo que, si el estado asume el coste de la obra se estará facilitando encontrar una solución tanto a los problemas de falta de agua como a los de falta de usuarios”.
