CASTELLÓ. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló ha acordado mantener las medidas cautelarísimas adoptadas a petición de la asociación Abogados Cristianos para suspender temporalmente el derribo de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta. La magistrada ha rechazado así la alegación presentada por el Ayuntamiento de Castelló en la que argumentaba que la partida presupuestaria de 80.000 euros que se pretende paralizar para frenar la retirada del monumento no existe como tal. Ante este nuevo revés judicial, el consistorio recurrirá la decisión al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), según ha anunciado este viernes la portavoz del equipo de gobierno y concejala delegada de Memoria Histórica, Verònica Ruiz.
La edil tilda de "incongruente" la decisión judicial. "No entendemos cómo se suspende una partida presupuestaria que no existe", asegura. En cualquier caso, recuerda que las medidas cautelarísimas solo hacen referencia a una dotación económica, pero no paralizan el decreto firmado recientemente para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica sobre el vestigio franquista.
De hecho, la tramitación administrativa continúa. El próximo 15 de abril vence el plazo para presentar alegaciones al proyecto. De momento, no se ha registrado ninguna, pero Ruiz se ha mostrado convencida de que se presentarán tanto a favor como en contra.
Una vez se respondan las alegaciones, la intención de la concejala es culminar esta primera fase del proceso antes de elecciones y dejar encaminada la tramitación para el derribo de la cruz. "Como es un tema que crea controversia, no quiero dejárselo a nadie", señala Ruiz en referencia al nuevo gobierno que asuma el Ayuntamiento a partir del 27 de mayo. Para ello, tendrá que firmar otro decreto ordenando la retirada del monumento franquista, con el que se daría luz verde a la licitación de la obra, un proyecto que incluye no solo la remoción del vestigio, sino también la ampliación del parque.