CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló se muestra abierto a revisar el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al puerto tras el aviso del presidente de la Autoridad Portuaria, Rafa Simó, respecto a los efectos negativos en la competitividad de las empresas. El portavoz del gobierno municipal, José Luis López, admite la posibilidad de entablar una negociación, dentro de las cordiales relaciones que mantienen ambas instituciones, pero advierte que ante la crisis derivada por la covid-19 "deben hacer un esfuerzo aquellos que pueden", en referencia a los recursos económicos de PortCastelló.
"La subida que se plantea es solo de un 0,5%. Es muy poca cantidad. Entendemos sus declaraciones, porque como presidente tiene que defender al puerto, pero en las nuevas ordenanzas fiscales consideramos que quien puede, debe hacer un esfuerzo", reitera López. En cualquier caso, el concejal socialista remarca que "estamos abiertos a todo. Se hablará en próximas reuniones del IBI y de otras cuestiones relacionadas con Castelló que benefician al puerto y a la ciudad".
Si se cuantifica el ascenso del gravamen, pasando del 0,95% (2020) al 1% (2021), la cifra ronda los 55.000 euros. En opinión de Simó, esa suma representa "un freno para el crecimiento de las cerca de un centenar de empresas instaladas en el puerto", teniendo en cuenta que repercute directa o indirectamente en sus balances al imputarse en la cuenta de gastos.
La decisión del Acord de Fadrell de elevar la presión fiscal sobre PortCastelló colisiona con la reivindicación del propio presidente de la institución. En su primera reunión oficial con la alcaldesa, Amparo Marco, a principios del pasado mes de septiembre, reclamó una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles para contribuir al fortalecimiento del sector industrial. Simó trasladó la necesidad de impeler acciones económicas con el propósito de auxiliar a las mercantiles, tanto del recinto comercial como de la zona lúdica y de ocio, ante la constricción como consecuencia de la pandemia.
El acrecentamiento del IBI a la instalación portuaria forma parte de las nuevas medidas incorporadas en las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento para el próximo año. En este sentido, también cabe destacar el recargo de hasta el 50% en los grandes tenedores de viviendas vacías, que acumulen más de un año sin estar habitadas.
Podem-EUPV subraya que el gravamen servirá para "frenar las prácticas especulativas y abusivas de los fondos buitre en el precio del alquiler". El portavoz de la confluencia, Fernando Navarro, señala que estas sociedades de capital riesgo acaparan ya 1.500 viviendas en la capital de la Plana, por lo que denuncia que están "tensionando el mercado y dejando a familias sin un hogar".
Castelló será la primera ciudad de la Comunitat Valenciana que aplicará el aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles del 50% a los pisos desocupados de propietarios con más de 10 inmuebles de acuerdo con la ley de la Función Social de la Vivienda. La convergencia igualmente valora que su presencia en el ejecutivo local refuerza la progresividad fiscal. Del mismo modo, resalta la inclusión de medidas para impulsar políticas de reactivación agraria, con la bonificación del 50% en el IBI rústico a los huertos en cultivo y de un 70% para los que, además, certifiquen en ecológico.