CASTELLÓ. El Col·legi de Treball Social de Castelló respalda la iniciativa de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) o Renta Social Extraordinaria (RSE) para paliar la crisis socioeconómica generada por el coronavirus. No obstante, recuerda la necesidad de que este ingreso mínimo no se vea limitado a la situación exclusiva de la pandemia y pueda transformarse en la renta básica definitiva que demandan diversas entidades del Tercer Sector y plataformas sociales. “La garantía de ingresos tiene que ser un derecho social, ahora y siempre”, explica su presidente, Jaume Agost mediante un comunicado.
Desde el colegio castellonense señalan que esta garantía de ingresos mínimos propuesta por el Ejecutivo para personas y familias vulnerables “debe estar fuera del Sistema de Servicios Sociales; la subsistencia no debería ser su objeto, esto hay que superarlo ya y así poder dedicar los Servicios Sociales al trabajo comunitario, atención a la dependencia, protección de menores, ayuda familiar, atención y promoción de personas con diversidad funcional y de los colectivos más vulnerables y un largo etcétera”, afirma Agost.
El COTS Castelló incide en este sentido en que esta ayuda no vaya vinculada a ningún programa de Servicios Sociales. “De hecho abogamos por que el IMV sea una prestación de la Seguridad Social, como parece que plantea el gobierno. No tiene sentido que esté ni en Servicios Sociales, ni en Empleo ni en ningún otro sistema de protección social fuera de la Seguridad Social”. Quieren que se erija ante todo como un derecho subjetivo, como lo es el subsidio de desempleo, la prestación no contributiva cuando se agota el paro o las pensiones no contributivas. “No debería ser un ingreso condicionado, es decir, si se tiene derecho, se cobra hasta que cambien las circunstancias socioeconómicas de cada persona y ésta pueda hacer frente a su día a día”, defienden.
“Nuestra posición es que en un Estado de Bienestar moderno debemos garantizar que todo el mundo tenga asegurado un ingreso mínimo vital. Por otro lado, ya desde Servicios Sociales se vertebrarán los programas comunitarios que sean necesarios para atender las situaciones de violencia intrafamiliar, de género, dependencia, menores o personas mayores, entre otras”, añade Agost.
La renta mínima que estudia el Ejecutivo debería reunir otra serie de requisitos, según el colegio castellonense, como el hecho de ser, en el caso de la Comunitat Valenciana, “superior o igual a la Renta Valenciana de Inclusión –la mínima está ahora en 630 euros, pero aumenta en función del número de personas de la unidad familiar- ya que probablemente no puedan coexistir”. Argumenta por último que una renta mínima dotada de una cuantía suficiente permitiría poder prescindir de otras ayudas otorgadas en la actualidad por diferentes conceptos como el alquiler, pobreza energética, becas o cobertura de necesidades básicas, “porque las personas receptoras ya podrían hacer frente a estos gastos y se evitaría por un lado la revictimización de quienes hasta ahora tienen que solicitar una ayuda económica a servicios sociales y, por otro lado, mucha burocracia”.
El Col·legi de Treball Social de Castelló pide también al Gobierno que incluya como interlocutores en el diseño y puesta en marcha de esta Renta Social Extraordinaria a las y los profesionales del sector, con el Consejo General de Trabajo Social al frente. “Las y los trabajadores sociales sabemos cómo está la realidad social y hemos estado tramitando las rentas básicas en cada comunidad autónoma”, concluye Agost.
