CASTELLÓ. "Desilusión, preocupación e indignación". Esa es la sensación que deja en el colectivo de profesionales del Trabajo Social el borrador del convenio de colaboración firmado entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que las entidades locales asuman la tramitación de solicitudes del recién aprobado Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Según ha informado el Col·legi de Treball Social de Castelló a través de un comunicado, dicho documento fija que la gestión burocrática de esta prestación sea adquirida por los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes mediante los Servicios Sociales municipales. "Esto hará colapsar el sistema", advierte el presidente del Col·legi de Treball Social de Castelló, Jaume Agost. "Si se sobrecarga a las y los profesionales del Trabajo Social de los Servicios Sociales de las entidades locales con estas tareas administrativas, no podrán intervenir en la atención directa que requieren las personas más vulnerables para luchar contra su exclusión social", ha añadido.
El organismo ha enviado cartas a los consistorios afectados, a la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y a la Diputación de Castelló para poner de manifiesto su postura y exigir que se revierta esta asignación de funciones sobre el IMV. Este viernes, y junto a sus homólogos de Alicante, el COTS Castelló ha remitido el mismo escrito a la FVMP, a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y a la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Elena Ferrando.
"El Sistema de Servicios Sociales tiene por objeto la promoción y protección de las interacciones que deben mantener las personas en el desarrollo con ellas mismas para la convivencia en el entorno social, favoreciendo la autonomía, la participación, la protección y la inclusión social, mediante la generación de bienes relacionales y de apoyo social. La pobreza no puede ser objeto del Sistema de Servicios Sociales, sino de la política social", recoge el comunicado.
Desde el COTS Castelló reconocen que se está viviendo "un momento muy crítico", con plantillas en Servicios Sociales municipales saturadas. "El IMV es competencia de un organismo estatal como el INSS y tiene que ser tramitada por los auxiliares administrativos de la Seguridad Social. Dejar la tramitación a los Servicios Sociales municipales supone una sobrecarga de tareas impropia que no pueden asumir las trabajadoras y los trabajadores sociales con los equipos que disponen actualmente los ayuntamientos", advierten. Añaden que las dificultades provocadas por la brecha digital de la ciudadanía deberían ser atendidas por la administración responsable de nuevas tecnologías y de acceso a la administración electrónica y no sumar más tareas a los Servicios Sociales.
Por último Agost recuerda que los Servicios Sociales deben dedicarse "al trabajo comunitario, la atención a la dependencia, protección de menores, ayuda familiar, atención y promoción de personas con diversidad funcional y de los colectivos más vulnerables y un largo etcétera".
