CASTELLÓ. La Generalitat Valenciana se reserva hasta 24 millones de euros con vistas a ejecutar la reforma integral del edificio de Borrull. Según un acuerdo del Consell, con fecha 23 de octubre, la Conselleria de Hacienda amplía notablemente el límite del crédito para la obra civil a partir de 2021, primer año en que se recoge una consignación presupuestaria. En concreto, de 8,1 millones de euros, aunque la cantidad más importante corresponde a 2022, con 13,7 millones, mientras que para el siguiente año la cuantía asciende a 2,2 millones de euros.
De la resolución del Gobierno valenciano, publicada por el DOGV este jueves, se extraen varias conclusiones. Primero, que existe un compromiso real de realizar la rehabilitación del inmueble al retener una suma que supera con creces los 18 millones del proyecto. Segundo, y directamente relacionado con lo anterior, que la inversión será mucho mayor al prever un colchón de 6 millones. Tercero, que la actuación no comenzará en 2020, de manera que el proceso de licitación se alargará más allá de diciembre. Y cuarto, que la renovación de la construcción finalizará en año electoral, ya que los comicios autonómicos y municipales se celebrarán en 2023.
Otro aspecto importante del dictamen, que autoriza el ostensible aumento del techo para comprometer el gasto plurianual a cargo de Patrimonio, está relacionado con las provisiones inicialmente fijadas para las distintas anualidades. Así, el límite en 2021 alcanzaba los 4,7 millones de euros, siendo de 1,9 millones en 2022 y de 1,6 millones en 2023.
La semana pasada el Consell autorizó la tramitación de la reforma de Borrull, a la espera de que el Ayuntamiento de Castelló apruebe la licencia de obras, solicitada por la Conselleria de Hacienda, propietaria del bloque, el 18 de septiembre. La mejora de los antiguos juzgados, en desuso desde 2006 cuando se inauguró el Palacio de Justicia en el PAU Gumbau, permitirá incrementar los espacios destinados a alojar servicios administrativos principalmente vinculados a la asistencia social.
El contrato administrativo se realizará mediante procedimiento abierto y estará sujeto a regulación armonizada teniéndose en cuenta como criterios de adjudicación tanto aspectos económicos como la calidad de los trabajos. Esta actuación será susceptible de ser cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, en un porcentaje del 28,8%, dentro del eje prioritario referido al apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas. Esto significa que a la licitación podrán concurrir empresas de Europa.
El edificio sufrirá en los próximos años una reforma integral en lo que resultará la mayor inversión de la Generalitat Valenciana en la capital de la Plana durante la última década. La adecuación de los 11.700 metros útiles del inmueble, de cinco plantas con sótano, potenciará la eficiencia energética y las condiciones de accesibilidad. Así, se acometerán refuerzos estructurales, construcción de nuevos núcleos de comunicación y configuración de espacios de iluminación y ventilación.
Cabe recordar que cuando en 2016 se constituyó entre la Conselleria y el Ayuntamiento la comisión mixta para impulsar la ejecución, el presupuesto del proyecto se estipuló en unos 12 millones de euros. Esa cantidad varió en 2019 con un incremento de 4,8 millones (16,8 millones). Hace escasos días el propio Consell anunció que la inversión se elevará por encima de los 18 millones si se suma el IVA.