El Consell solicita al Ayuntamiento la licencia de obras para licitar la reforma del edificio de Borrull

CASTELLÓ. El Consell da otro paso más para licitar la rehabilitación del edificio de Borrull tras haber solicitado al Ayuntamiento de Castelló la licencia de obras. El permiso resulta imprescindible con vistas a iniciar el concurso público pese a que la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Hacienda, ostenta la titularidad tanto del suelo como del inmueble. Sin embargo, corresponde a la administración municipal avalar la actuación, de manera que la tramitación está sujeta a esa autorización, cuya aquiescencia depende, además, de la Junta de Gobierno Local (JGL).

El Ejecutivo que preside Ximo Puig confía en que la anuencia sea una realidad en las próximas semanas, teniendo en cuenta la importancia del proyecto para el Acord de Fadrell, y muy especialmente para la alcaldesa, Amparo Marco. Según confirman desde la Casa dels Caragols, la petición se formalizó días atrás, por lo que la pelota está ahora en el tejado del departamento de Urbanismo, que debe revisar la instancia antes de elevarla a la citada JGL para su aprobación definitiva.

Como Castellón Plaza adelantó el pasado 17 de septiembre, el Consell aspira a acelerar la licitación antes de finalizar septiembre, una noticia que el portavoz del gobierno municipal, José Luis López, valoró positivamente. El proyecto supone renovar los antiguos juzgados, con una inversión de 14 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses desde la firma del acta de replanteo.

La reforma integral de Borrull contempla mejoras estructurales no solo en los seis pisos, sino también en la planta baja y el sótano. La actuación implica transformar por completo la construcción de 11.700 metros para crear una nueva sede de servicios y políticas sociales, que albergue distintos negociados del Ayuntamiento y de la Conselleria de Bienestar Social.

El edificio permanece cerrado desde 2006, cuando se inauguró la Ciudad de la Justicia en el PAU Gumbau. En los años sucesivos las instituciones implicadas llegaron a proponer diferentes posibles usos, aunque ninguna de las alternativas pasó de ser una mera declaración de intenciones.

Punto de inflexión

El punto de inflexión se produjo en junio de 2016. En una reunión entre Marco y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se sentaron las bases del futuro convenio de colaboración. No en vano, meses después se constituyó una comisión mixta con el propósito de buscar la figura jurídica que garantizara la cesión del inmueble. Entonces, ya se planteó que el consistorio asumiera una parte importante de la financiación.

Esa idea se mantuvo hasta el arranque de la actual legislatura. En febrero de 2020 el equipo de gobierno anunció la fórmula legal para impeler la construcción. Al tratarse de lo que se considera una operación patrimonial neutra, el Ayuntamiento aportaba finalmente la totalidad de la cantidad del presupuesto (16,8 millones de euros). A cambio, se aseguraba dos terceras partes de la titularidad de Borrull y el compromiso por parte de la Generalitat de futuras cesiones de otros inmuebles.

No obstante, ese acuerdo saltó por los aires a principios de agosto, cuando Puig sorprendió al avanzar que será la Generalitat la que acometa en solitario la rehabilitación. Así, para iniciar la licitación primero el consistorio deberá aprobar la licencia de obras.