CASTELLÓ. El Gobierno valenciano solo subvencionará la reconversión varietal, hacia otras con mayor salida comercial, de los huertos de cítricos que se agrupen con otros para formar estructuras productivas de mayor dimensión. La Conselleria de Agricultura pretende con ello aumentar el tamaño de los campos, de forma que se reduzcan los costes del cultivo de cítricos y conseguir "iniciativas viables, con un tamaño determinado" en un sector agrario valenciano marcado por el minifundismo.
Es el propio secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez-Mulero, el que ha explicado este jueves este punto a los representantes municipales de la Llosa, Moncofa, Betxí, Vila-real, la Vilavella, Borriana, Torreblanca, la Vall d'Uixó y les Coves de Vinromà, con quienes se ha reunido para abordar las causas y posibles soluciones a la crisis citrícola que azota a los campos castellonenses y de toda la Comunitat.
En este sentido, y tras la reciente aprobación y publicación de la ley de estructuras agrarias que pretende abrir un nuevo panorama para el sector, el secretario autonómico ha explicado que el borrador de la primera orden que desarrollará algunos aspectos de esta ley, ahora en exposición pública, es precisamente el que promueve la ansiada reconversión varietal. Y, para comenzar a plasmarla, los presupuestos autonómicos de este año recogen "diez millones de euros" para subvencionar estas medidas.
Eso sí, deben ser "iniciativas de explotación en común", promovidas por "las cooperativas o agricultores individuales que decidan agrupar parcelas" por sí mismos o en asociación con otros, las que tendrán la posibilidad de recibir las ayudas. "Con cuatro hanegadas no van a tener posibilidad de reestructurar", asegura categórico Rodríguez-Mulero.
Algo que, en principio, no han recibido mal los representantes municipales. El concejal de Agricultura de Vila-real, Josep Pasqual Sancho, apunta que los labradores "con 7, 8 o 10 hanegadas, si no nos unimos, lo tendremos muy difícil" para subsistir. Por ello, afirma que las cooperativas, que en el panorama citrícola viven un declive pronunciado en los últimos años muy difícil de atajar, "tienen mucho que decir". También la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, reconoce que la ley de estructuras agrarias "es el camino de futuro".
En este sentido, el secretario autonómico señala que todavía no ha sido desarrollada la orden y que no se ha establecido el porcentaje de la inversión subvencionable, ni tampoco otras materias, como las variedades a promocionar. En la Conselleria esperan tener esta información detallada "en dos, tres o cuatro meses".
Asimismo, por lo que respecta a otras materias, el Consell también pretende actuar para "concentrar la oferta" de los operadores citrícolas -de los que hay "más de 600"- para su salida a los mercados europeos, donde las grandes cadenas de distribución imponen condiciones caininas a los comercios y cooperativas autonómicos. Eso sí, Rodríguez-Mulero no ha detallado de qué forma piensan lograr este objetivo.
En cuanto a la competencia de países terceros, el secretario autonómico ha apuntado como más perjudicial que la de Sudáfrica, la de Marruecos, Turquía y Egipto. Y, además de incidir en que seguirán reivindicando la reciprocidad en los tratamientos fitosanitarios respecto a estas zonas productoras, ha señalado que el consumidor europeo "tiene que saber qué está comiendo, si un cítrico europeo o de fuera".
Sobre las subvenciones directas que reclama el campo para compensar una campaña nefasta, y que ya anunció este diario, las llamadas en Europa ayudas de mínimis, ha apuntado que el borrador de la orden incluye "hasta 15.000 euros como máximo" para contrarrestar la falta de ingresos de los agricultores.
En su análisis del sector, la Conselleria afirma que, de los "cerca de 4 millones de toneladas de cítricos" producidos en la Comunitat Valenciana en esta campaña, lo que supone "un aumento considerable" respecto a la anterior, "entre 500.000 y 600.000 toneladas se han quedado en el árbol". Esto supone reducir en torno a un 15% la afección, que las organizaciones agrarias han señalado que ronda el 30%.
