CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló empieza a ver la luz al final del túnel con el recinto de Ferias y Mercados. El equipo de gobierno del PP y Vox ya maneja una previsión sobre la licitación del nuevo contrato y cuándo podrá estar adjudicada la explotación. Si no surgen imprevistos con la redacción del pliego, la plataforma de Contratación del Estado publicará el concurso público a finales de año.
Según los plazos establecidos para la valoración de las ofertas, con la baremación de las plicas técnicas y económicas, el nombre del nuevo gestor se conocerá antes de junio de 2024. Como precisa el portavoz del gobierno municipal, Vicente Sales, "ya no estamos dando autorizaciones para ese mes, porque pensamos que estarán en marcha las obras".
El edil popular se refiere a las actuaciones de mejora y acondicionamiento que deberá acometer la nueva concesionaria. La inversión privada ascenderá a los 2,5 millones de euros y supondrá un lavado de cara de la instalación. Además de cambiar por completo la pintura y solucionar los problemas de goteras de la cubierta, la empresa arreglará las conexiones de luz (ahora son necesarios grupos electrógenos) y adecuará los dos aparcamientos que permanecen cerrados y en desuso desde la inauguración en 2008.
Ese importante desembolso se verá reflejado en el contrato, aunque todavía no está definido cómo repercutirá en las condiciones de explotación; si se descontará del canon o, por el contrario, se ampliará el periodo de concesión. Tampoco ha trascendido qué fórmula se empleará para reabrir los parkings y obtener un aprovechamiento económico. Se trata de dos subterráneos independientes con una capacidad para albergar 490 vehículos (250 uno y 240 otro).
El consistorio se vio abocado a recuperar el control del recinto de Ferias y Mercados en mayo de 2020, cuando el equipo de gobierno (entonces Acord de Fadrell) resolvió el contrato con la adjudicataria, Refeyme. La mercantil, que se había hecho con la concesión por un periodo de 40 años, llevaba desde 2011 en concurso de acreedores. El débito acumulado con terceros hasta ese momento por impagos rondaba los 10 millones de euros. De esa cantidad, 8,5 millones correspondían a una hipoteca solicitada para financiar la construcción; 200.000, a la Agencia Tributaria; y 1,2 millones, a proveedores. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Hacienda, la empresa solicitó al juzgado la liquidación de la sociedad.
Una vez el Ayuntamiento asumió directamente la gestión, el tripartito comenzó a valorar con los técnicos la mejor fórmula para impeler un nuevo expediente de contratación. En paralelo, se elaboró un informe sobre el estado del recinto a fin de cuantificar económicamente los daños por la falta de mantenimiento. La inversión necesaria para arreglar los desperfectos se cifró en 2,5 millones de euros, un importe que debería aportar la concesionaria.
Con ese diagnóstico, se avanzó en la elaboración del pliego (al menos en intenciones), a la espera de conocer el resultado de un informe económico encargado a una empresa externa sobre la vialidad de la instalación. Las elecciones dejaron en stand-by el proyecto hasta que el nuevo equipo de gobierno decidió recuperarlo, con la sorpresa de ignorar la existencia de ese estudio económico.