El PP ignora la existencia del estudio económico y licitará la gestión del recinto ferial de forma directa

CASTELLÓ. La explotación del recinto de Ferias y Mercados va camino de convertirse en un expediente X. El portavoz del nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Castelló, el popular Vicent Sales, ignora la existencia del estudio económico y de viabilidad que el anterior ejecutivo, el Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EU), externalizó a mediados de 2022 para definir las características a propósito de la gestión.

"Ningún técnico de la casa me ha hablado de ese informe. No me consta la auditoría externa", asegura el edil, que achaca el retrato del contrato a la falta de voluntad política. "Nosotros tenemos claro que vamos a sacar un pliego lo más viable y real posible", agrega Sales, sin precisar plazos ante la dificultad del expediente. Además de obtener un aprovechamiento de la instalación, se busca recuperar los dos aparcamientos que permanecen en desuso desde su inauguración.

Hace algo más de tres años, en mayo de 2020, el consistorio se vio abocado a recobrar el control del recinto ferial por la disolución de la adjudicataria. La mercantil Refeyme, que se había hecho con la concesión por un periodo de 40 años, llevaba desde 2011 en concurso de acreedores. El débito acumulado con terceros hasta ese momento por impagos rondaba los 10 millones de euros. De esa cantidad, 8,5 millones correspondían a una hipoteca solicitada para financiar la construcción; 200.000, a la Agencia Tributaria; y 1,2 millones, a proveedores. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Hacienda, la empresa solicitó al juzgado la liquidación de la sociedad.

Realizar una inversión de 2,5 millones

Una vez el Ayuntamiento asumió directamente la gestión, el equipo de gobierno comenzó a valorar con los técnicos la mejor fórmula para impeler un nuevo expediente de contratación. En paralelo, se elaboró un informe sobre el estado del recinto a fin de cuantificar económicamente los daños por la falta de mantenimiento. La inversión necesaria para arreglar los desperfectos se cifró en 2,5 millones de euros, un importe que debería aportar la concesionaria.

Las complejidades técnicas del pliego lastraron las previsiones del Acord de Fadrell. Tanto es así que el entonces portavoz del ejecutivo, el socialista José Luis López, anunció en 2022 la contratación de una empresa externa para fijar las condiciones de la explotación a través de un estudio de viabilidad.

Un documento clave para la amortización y la duración

El tripartito reiteró en varias ocasiones que ese documento resultaba esencial para redactar el contrato, ya que tenía que concretar distintos aspectos en relación a las cláusulas administrativas. Por un lado, establecía el método de amortización de esos 2,5 millones de euros. Por otro, precisaba la gestión de los dos aparcamientos (490 plazas).

Además, el análisis económico fijaba la duración de la explotación, de manera que los años incluidos en la adjudicación garantizaban a la concesionaría la obtención de una rentabilidad. Se trataba de evitar el fiasco con Refeyme. Sin embargo, ahora ese informe económico y de vialidad parece ser un misterio. Al menos, para el ejecutivo local, al que "no les consta" su existencia.