CASTELLÓ. Además de las más crueles, las pérdidas personales, la situación provocada por el coronavirus también tiene repercusiones en la economía. Junto a las consecuencias obvias, los cierres y paralizaciones de empresas y actividades, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, recoge que también se paralizan los procedimientos administrativos para la adjudicación de las obras y servicios, tal y como la Generalitat Valenciana explicó recientemente en un comunicado.
Y esto conlleva que multitud de contratos de obras y servicios que habían salido a licitación en el territorio castellonense hayan quedado suspendidos con el objetivo de centrar todos los recursos en la lucha contra la epidemia. Entre los de mayor montante está la gestión de la residencia de discapacitados psíquicos de Segorbe, que con un montante de más de 5 millones de euros se encontraba en las últimas fases de su licitación. Como también la renovación del alumbrado público de Benicarló en base a los fondos Feder, que el Ayuntamiento ya había adjudicado y formalizado y que ha quedado en stand by.
Otra de las grandes obras afectadas en las comarcas castellonenses es el derribo de la depuradora Vora Riu de Vila-real y la canalización de las aguas fecales de la localidad a la planta de Almassora. De este procedimiento, que ya se encontraba bastante avanzado, ahora se ha suspendido la tramitación de los contratos de dirección de obra de las conexiones y del nuevo edificio en la Edar de Almassora. Ambos se encuentran en sus fases iniciales.
En cuanto a otros servicios, también se ha aplazado el Aplec de Temps Lliure del Ayuntamiento de Vila-real o la consultoría en asuntos ambientales que Aerocas había convocado para el aeropuerto de Castellón.
Estos son solo algunos ejemplos de procedimientos paralizados por la lucha contra el Covid-19 en Castellón y de los que todavía no se sabe cuándo se retomarán, ni cómo. Y es que, en el momento en que la Generalitat publicó la nota informativa, el plazo previsto para el estado de alarma era de quince días. En su escrito, el Gobierno autonómico también explica que la tramitación, y con ella el cómputo de los plazos, no se reanudará hasta "el momento en que pierda vigencia el real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo". Y esto todavía está por ver, así como el recuento de los fondos destinados a luchar contra la pandemia, lo que puede hacer que algunas obras y servicios aún tengan que esperar más.