El pleno del Ayuntamiento de Castellón en una imagen de archivo.CASTELLÓN. Las últimas novedades judiciales en torno a la trama Púnica y el caso de las facturas falsas de la Subdelegación del Gobierno crispan el ambiente preelectoral en la ciudad de Castellón, donde el PP y el PSPV se lanzan reproches mutuos que apuntan directamente a las líderes de ambas formaciones. Los populares cargan contra la alcaldesa Amparo Marco porque el exedil de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, acaba de ser citado judicialmente como investigado. Mientras, el grupo socialista pide explicaciones a la portavoz del PP, Begoña Carrasco, sobre si participó en el supuesto amaño de contratos municipales durante el pasado mandato.
El debate político municipal se enturbia a golpe de titular. La semana empezaba con la polémica desatada por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta al exalcalde popular Alfonso Bataller y al actual portavoz adjunto del grupo municipal, Juan José Pérez Macián, como presuntos autores de un delito de fraude al pagar con dinero público servicios de asesoría electoral contratados a la trama Púnica.
El PSPV pidió la dimisión inmediata del concejal del PP al conocer el informe apelando al buen nombre de la institución que representa. Sin embargo, Pérez Macián no renuncia al cargo porque, según justifica su partido, no está imputado de momento. Este jueves el grupo socialista ha apuntado directamente a la portavoz popular, Begoña Carrasco, "la número dos" de Bataller en la anterior legislatura.
"Cada minuto que pase sin que explique su relación con este caso de corrupción, estará alimentando su presunta complicidad con una organización acusada de usar recursos públicos del Ayuntamiento de Castellón en beneficio del PP", ha asegurado el portavoz municipal socialista, Rafa Simó. Además, considera "inaudito que Carrasco diga que el caso Púnica es una cortina de humo, cuando estamos hablando de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil".
Por su parte, el grupo popular vuelve a cargar las tintas contra el PSPV al conocerse este jueves que el juzgado de Instrucción número 1 de Castellón ha llamado a declarar en calidad de investigado -antes imputado- el próximo 11 de abril al exconcejal Antonio Lorenzo en el caso de las facturas falsas emitidas desde la Subdelegación del Gobierno, administración que dirigió entre 2007 y 2011. El pasado viernes, antes de ser imputado, renunció a su acta de concejal y de diputado provincial tras haber comparecido hacía unas semanas ante la Policía Nacional.
A pesar de su renuncia, el grupo municipal del PP mantiene su ofensiva contra el partido de gobierno. A través de un comunicado, interpela directamente a la alcaldesa Amparo Marco, a quien exige "explicaciones inmediatas [...] en referencia a la labor de gestión pública de quien ha sido hasta la fecha su mano derecha en el Ayuntamiento de Castellón". Además, le dirige varias preguntas a la primera edil: quiere saber si cuando Lorenzo dimitió ya sabía que iba a ser citado por el juez; si conocía los delitos que le imputan; y si era conocedora de la trama de facturas irregulares "que afectan a dos de sus compañeros del PSPV", Juan María Calles y Antonio Lorenzo, ambos exsubdelegados del gobierno.
Castelló en Moviment (CSeM) no se había pronunciado hasta este jueves en esta pugna sobre la corrupción. En un comunicado, el portavoz de la agrupación de electores, Xavi del Señor, ha querido poner de relieve la "diferencia notable entre el señor Pérez Macián y el caso del señor Lorenzo". "Mientras uno ha decidido dimitir, el otro, como es habitual en su partido, se aferra a su silla a pesar de estar en circunstancias similares. Al PP ya no le queda crédito después de tantos años de corrupción y después de tantos casos aislados", ha ironizado el líder de la formación asamblearia.
Además, afea al actual grupo popular encabezado por Begoña Carrasco que, a la luz del informe de la UCO, todos sus concejales "se beneficiaron del fraude electoral". Para Del Señor, no solo es necesario "pedir dimisiones y explicaciones", también reivindica poner en marcha mecanismos de prevención de la corrupción, como la Oficina Antifraude o el Mapa de Riesgos, que se aprobó en el pasado pleno municipal.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, considera que estos hechos "son la constatación de que el PP no sólo no se ha regenerado, sino que sigue conviviendo con la corrupción". Según dice, "la justicia debe poner a cada uno en su sitio y si Pérez Macián ha tenido una conducta corrupta debe dar cuenta ante ella, pagar por lo que ha hecho y devolver el dinero a las y los castellonenses".
