El portavoz municipal adjunto del PP, Juan José Pérez Macián.CASTELLÓN. El Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Castellón ha resultado ser un arma arrojadiza de efecto bumerán. El portavoz adjunto del grupo popular, Juan José Pérez Macián, quien se erigió en adalid contra la corrupción en el caso de los sobres por el que fue cesada la exvicealcaldesa, Ali Brancal, se expone ahora al código ético por su implicación en la trama Púnica. Tras conocerse un informe de la Guardia Civil que le atribuye un presunto delito de fraude, el PSPV ha exigido su renuncia y, si no dimite, forzará la aplicación del reglamento municipal. De momento, el edil del PP no tiene intención de abandonar porque a día de hoy no está imputado, recuerdan desde el partido.
La trama Púnica sacude de nuevo a los populares de Castellón. La Audiencia Nacional, que instruye el caso, recibió el mes pasado un informe de la Guardia Civil en el que se detallan las contrataciones supuestamente fraudulentas que llevaron a cabo el exalcalde popular Alfonso Bataller y el exconcejal de Hacienda y actual portavoz adjunto del grupo municipal, Juan José Pérez Macián, en 2014.
Según el reporte de la Benemérita que ha hecho público El País este miércoles, contrataron servicios con Alejandro de Pedro, presunto cabecilla de la trama, para promocionar al primer edil de cara a las elecciones de 2015 y limpiar su imagen tras verse salpicado por el caso Gürtel -en el que finalmente resultó desimputado-.
Entre los servicios, destaca la publicación de noticias favorables a Bataller a través de un diario digital creado ex profeso, la compra de seguidores en redes sociales o el posicionamiento de informaciones positivas sobre el alcalde en los primeros puestos de los buscadores de internet. La Guardia Civil concluye en su informe, según El País, que ambos munícipes cometieron un supuesto delito de fraude en la contratación, al desviar fondos públicos para pagar parte de estos servicios. No obstante, al estallar el escándalo el Ayuntamiento suspendió los pagos a petición de la oposición, según recuerdan fuentes municipales.
Bataller y Pérez Macián declararon por estos hechos ante la Guardia Civil en 2015, pero en todo este tiempo el juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional no les ha citado como investigados (o imputados, según la denominación procesal anterior a la reforma de la ley). No es de extrañar la dilación del proceso, pues se trata de una causa compleja que suma ya un centenar de imputados y 16 piezas separadas. El juez Manuel García-Castellón amplió la fase de instrucción hasta 2022, convirtiéndose así en una de las investigaciones judiciales más largas junto con el caso Gürtel.
El PP daba por zanjado el asunto después de tres años sin recibir ninguna citación judicial. Sin embargo, la instrucción continuaba su marcha y el informe de la Guardia Civil abre ahora la puerta a la imputación, algo que, en todo caso, será decisión del juez.
Por una vía paralela discurrirá la acción política. Bataller ya está amortizado en ese sentido, pues no ostenta ninguna responsabilidad pública desde 2015, cuando dimitió con el cambio de gobierno municipal. Para Pérez Macián, el escenario es distinto al seguir como concejal en el Ayuntamiento. En plena carrera electoral, los adversarios políticos ya han tomado posiciones.
El grupo municipal socialista lleva la delantera y ha pedido su dimisión. "Debe anteponer los intereses de la ciudad y de la institución por encima de los personales y partidistas", ha advertido la alcaldesa Amparo Marco. Si no renuncia al cargo, los socialistas instarán a la portavoz popular, Begoña Carrasco, a cesarlo y, en última instancia, pedirán su comparecencia en la Comisión de Gobierno Abierto y Participación para aplicarle el código ético, el mismo texto normativo que sentenció a la edil de Compromís Ali Brancal despojándola de sus competencias como vicealcaldesa y concejala de Vivienda, Igualdad y Participación.
"Sé lo que haría [en su caso] y creo que lo he demostrado, lo hemos demostrado el grupo socialista y el PSPV", ha señalado Marco mostrando la puerta a Pérez Macián y en clara referencia al exconcejal socialista Antonio Lorenzo, quien sin estar imputado judicialmente dimitió hace una semana tras declarar ante la Policía Nacional en el marco de la investigación sobre facturas falsas de la Subdelegación del Gobierno, institución que dirigió entre 2007 y 2011.
Compromís, por su parte, se ha mostrado contundente al censurar los hechos investigados, pero más tibio en la exigencia de responsabilidades. En un comunicado, asegura que Pérez Macián "ha utilizado sistemáticamente las instituciones de manera fraudulenta para su propio beneficio y el de su partido". "Queda más que acreditado que el PP que lidera la señora Carrasco sigue inmerso en tramas corruptas y que mantiene en sus filas gente que se ha beneficiado de la corrupción y que ha robado a todas las y los castellonenses", añade. Por ello le pide explicaciones, pero no menciona la dimisión. En este sentido, hay que tener en cuenta que Compromís se negó a cesar a Brancal por su investigación judicial, por lo que tendría difícil justificar ahora una petición de renuncia para el edil de la oposición mientras no esté imputado.
Para el PP, las últimas noticias sobre la trama Púnica no son más que "una cortina de humo" orquestada por el PSPV y Compromís "para tapar sus propios problemas con la Justicia". Por lo tanto, Pérez Macián, quien en esta legislatura ha desempeñado el rol más agresivo contra el gobierno y ha blandido la ética y la ejemplaridad como armas contra Brancal y Lorenzo, va a permanecer en el cargo, según ha anunciado su formación alegando que por el momento no está imputado.
Además, en un intento de restar importancia al informe de la Guardia Civil, el grupo popular recuerda que los hechos "ya se conocieron e investigaron policialmente en el año 2015 y que en ningún momento derivaron en una imputación formal". "Tanto en el primer auto de procesamiento, de julio de 2015, como en un segundo, de julio de 2018, el portavoz adjunto quedó al margen de cualquier responsabilidad penal. No hay ni una sola prueba nueva. Las que se están utilizando torticeramente ya se conocieron en el 2015", señalan desde el PP.
