CASTELLÓ. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, integrado por el PP y Vox, mantiene su hoja de ruta con la reversión del topónimo bilingüe. Tanto es así que el próximo 25 de julio trasladará formalmente su petición a la Generalitat para recuperar el nombre oficial de la ciudad en castellano. Ese día se aprobará definitivamente el expediente municipal con la desestimación en el pleno de las 36 alegaciones en contra.
Este miércoles, en la comisión plenaria de ciudadanía y participación ya se producirá un primer rechazo por parte del bipartito al avalar la valoración de los técnicos municipales que desechan "cada uno y todos" los recursos presentados contrarios a la decisión del ejecutivo local de restablecer la doble denominación de la capital de la Plana. El informe concluye que la medida está justificada en tanto en cuanto se considera "una muestra normal de convivencia entre las dos lenguas cooficiales", en alusión al valenciano y al castellano.
Asimismo, se busca "fomentar el respeto y la protección de la diversidad lingüística española, asegurando los derechos de aquellos que la hablan y reconoce su valor como generador de riqueza cultural, social y económica", prosigue el dictamen. En esta línea, se señala que el artículo 3 de la Constitución "reconoce que la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".
Las 36 alegaciones versan sobre el marco jurídico aplicable y las potestades de los poderes públicos, la posible arbitrariedad de la actuación, la competencia lingüística del técnico redactor del informe que sustenta la decisión [el catedrático Santiago Fortuño], el origen etimológico de la denominación de la ciudad y la inclusión en el expediente de las consideraciones filológicas de la UJI. En cada uno de los puntos, se mencionan distintas leyes y decretos-ley para acreditar la correcta actuación del ejecutivo local sobre esta cuestión.
En efecto, de manera estructurada se ofrecen argumentos para tumbar los razonamientos de los 24 particulares y 12 entidades o grupos políticos (PSPV y Compromís, por ejemplo) que reclaman mantener la versión oficial del topónimo en valenciano. Entre las asociaciones, aparecen Plataforma per la Llengua, la Colla El Pixaví, Intersindical Valenciana o la Conlloga Muixeranga. Aunque se deniegan los 36 recursos que cuestionan la medida, sí se acepta la única alegación favorable.
Con la aprobación definitiva del expediente en el pleno del 25 de julio, el equipo de gobierno espera culminar con éxito toda la tramitación administrativa en el primer semestre de 2025. Desde el momento en que la solicitud llegue a la dirección general de la Administración Local, la Generalitat tendrá un máximo de medio año para resolver. Así lo establece el decreto 69/2017, de 2 de junio, del Consell, de regulación de los criterios y procedimiento para el cambio de denominación de los municipios y otras entidades locales de la Comunitat Valenciana.
A efectos de la resolución, se solicitarán informes a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que será emitido en el plazo de dos meses; y al Ministerio responsable del Registro de Entidades Locales estatal. En este caso, para que se pronuncie sobre la existencia de inscripción en dicho registro de una denominación idéntica al cambio propuesto, o que, en su defecto, pueda producir confusiones en la organización de los servicios públicos.
En el supuesto de que ambas valoraciones resultaran favorables, automáticamente se elevaría la propuesta al Consell para que culminara el expediente mediante decreto. Lo mismo que sucedió el 22 de marzo de 2019, cuando el Ejecutivo autonómico acordó eliminar el nombre de la ciudad en su versión castellana. La oficialidad a la denominación 'Castelló' se materializó el 15 de abril del mismo año con la divulgación de la disposición en el Boletín Oficial del Estado (BOE).