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investigan una presunta ocultación de bienes del que fuera máximo dirigente del pp provincial 

El exvicepresidente de la Diputación Francisco Martínez declara en la causa contra Carlos Fabra

25/01/2021 - 

CASTELLÓ. El exvicepresidente de la Diputación de Castellón en la anterior etapa del PP y exalcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez, ha prestado declaración este lunes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló donde se investiga al que fuera máximo mandatario de la institución y de este partido en la provincia, Carlos Fabra, al que se acusa de delitos relacionados con la ocultación de patrimonio para dificultar el pago de una multa de 1,4 millones de euros a la que fue condenado.

El que fuera "mano derecha" de Carlos Fabra ha declarado en calidad de investigado a requerimiento del juzgado, que pidió a la Cámara de Comercio de Castellón que identificara a quien autorizó la firma en préstamos concedidos a Fabra, según han informado a Efe fuentes del TSJCV.

Carlos Fabra declaró el 28 de octubre por estos hechos, por los que también se investiga a su mujer, uno de sus hijos y uno de sus exasesores, en una causa en la que están citados como investigadas otras 23 personas.

El juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.

El juzgado investiga si Fabra ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón de 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.

Carlos Fabra permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016, donde ingresó en diciembre de 2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales, a pagar una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.

La condena fue hecha pública por el tribunal en noviembre de 2013 y Fabra pidió un indulto al Gobierno que finalmente fue denegado en noviembre de 2014, por lo que se hizo efectivo su ingreso en prisión.

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