CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló tiene "un plan B" para retirar la cruz de Ribalta por si falla el tercer concurso público. Ante la posibilidad de que al final la licitación quede desierta, como ocurrió con la segunda, el Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EUPV) valora distintas alternativas para garantizar el cumplimiento de la ley de Memoria Democrática antes de concluir la presente legislatura.
El portavoz del gobierno municipal y concejal de Obras Públicas, José Luis López, considera que no será necesario activar alguna de las soluciones que los técnicos manejan internamente, ya que está convencido de que el interés mostrado por dos mercantiles se traducirá en ofertas. A menos de una semana para que concluya el plazo de presentación de propuestas (13 de octubre), el edil socialista admite que no tiene constancia de la formalización de alguna.
"Confío en que se presente alguna empresa, porque nos han llamado varias para consultar", subraya. "El Ayuntamiento tiene que cumplir la ley y lo hará tarde o temprano". El monumento de Ribalta figura en el catálogo de vestigios franquistas de la Conselleria, por lo que vulnerar la normativa autonómica supone "prevaricar", en opinión de López.
Aunque el portavoz del ejecutivo evita pronunciarse sobre ese plan B, las opciones serían las mismas que en su día se plantearon cuando el segundo concurso público quedó desierto. Por ejemplo, incrementar el presupuesto de ejecución, algo que vienen reclamando los constructores para que la obra sea rentable o impeler un procedimiento negociado sin publicidad (adjudicación directa). Otra posibilidad que se barajó en su momento es asumir directamente la actuación. Sin embargo, las brigadas municipales no poseen los recursos materiales precisos. En concreto, la titularidad de una grúa pluma para levantar la estructura.
La cruz de Ribalta pesa alrededor de seis toneladas. Debido a su antigüedad (78 años) presenta irregularidades en cuanto al estado de conservación. Por la humedad y la oxidación, varios puntos muestran desprendimientos y graves corrosiones, lo que hace que exista un riesgo de rotura al realizar las tareas de alzada y traslado. De ahí la necesidad de diseñar un encofrado para proteger la estructura. Un molde que ni siquiera comenzó a fabricar la adjudicataria del primer contrato, Solaris Purgaret.
Después más de un mes de aquel episodio, en el seno del equipo de gobierno existe la creencia de que la mercantil nunca tuvo la intención de ejecutar el proyecto. Las continuas excusas para incumplir el pliego únicamente buscaron dejar pasar el tiempo. Para evitar que se vuelva a repetir una situación similar, las bases tanto de la segunda licitación como de la tercera incluyen una serie de cláusulas que obligan a las postulantes a acreditar su solvencia técnica y económica.
Los requisitos más importantes se refieren a la trayectoria profesional (al menos cinco años de experiencia) y al volumen anual de negocios (90.000 euros, como mínimo). Asimismo, se exige declarar la disposición de maquinaria, material y equipo para realizar la obra civil. Otra novedad estriba en la obligación de constituir un aval del 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en el momento de aceptar la adjudicación.