CASTELLÓ (EP). El Consejo de Ministros ha rechazado este viernes la celebración de una consulta popular en Onda sobre la ampliación del vertedero y la instalación de una incineradora de animales muertos en el término municipal, por no tratarse de un asunto local.
La Junta de Gobierno del Consorcio aprobó --con fecha 23 de septiembre de 2016-- el proyecto de gestión del plan zonal C2, que incluía la ampliación del vertedero en el término municipal de Onda, con una planta de reciclaje y compostaje para recibir los residuos de los municipios integrados en el área de gestión. Además de la instalación de una incineradora de animales muertos en ese mismo término municipal, también para gestionar los residuos sólidos urbanos generados en los municipios del área de gestión. Desde un primer momento el Ayuntamiento de Onda se opuso a esta ampliación y anunció su intención de solicitar una consulta popular pese a que Diputación pidió que desistieran de esta propuesta y avisó de que la ampliación era una decisión firme y consensuada.
En consecuencia, se concluye que la cuestión suscitada por la consulta popular que pretende plantear el Ayuntamiento de Onda bajo la pregunta "¿Está usted a favor de la ampliación del vertedero y de la instalación de una incineradora de animales muertos de Reciplasa en el término municipal de Onda?", excede del ámbito local y afecta a cuestiones propias de otros municipios, de la Diputación Provincial de Castellón y de la Generalitat Valenciana.
Según se ha explicado en las referencias del Consejo de Ministros, la consulta no cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley de Bases del Régimen Local en su artículo 71 ya que este artículo exige que los requisitos establecidos en el mismo sean cumplidos de manera concurrente. Además, han señalado que basta con que no se cumpla uno de ellos, como es en este caso, el carácter local del asunto, para que no se pueda autorizar la consulta popular.
Onda se encuentra dentro del ámbito geográfico del Plan Zonal de residuos 2, Área de Gestión C2, para el que se ha constituido un consorcio integrado por la Generalitat valenciana, la Diputación Provincial de Valencia y los municipios incluidos dentro de su ámbito de actuación, y cuyos fines son la valorización y eliminación de residuos urbanos o municipales dentro de su ámbito geográfico, según sus Estatutos.
