Javier Serralvo, portavoz del equipo de gobierno municipal de Vila-real.VILA-REAL. El equipo de gobierno de Vila-real ha vuelto a pedir explicaciones al PP por el asunto de Piaf y lo ha hecho después de conocerse que el juez de la causa ha abierto juicio oral y mantiene los indicios de delito sobre los diferentes implicados en el caso, que se destapó en 2011. El portavoz municipal, Javier Serralvo, ha recordado este jueves que con la llegada del nuevo equipo de gobierno progresista al Ayuntamiento, se logró de evitar el pago de 600.000 euros en facturas falsas, tal y como acreditaron los servicios técnicos municipales.
Serralvo ha indicado en rueda de prensa que “siempre hemos defendido de manera rigurosa los intereses de la ciudad, en ningún momento nos hemos movido por venganza, sino por buscar la verdad”, afirma. Además, Serralvo recuerda que entre los 600.000 euros que el exalcalde popular, Juan José Rubert, intentó endosar a una entidad bancaria para su pago a pocos días de la entrada del nuevo equipo al gobierno municipal, se encuentra “lo más flagrante, una fractura de final de obra de la sede de la Policía Local, por valor de 300.000 euros, que no estaba acabada”.
El edil también recuerda que en la anterior legislatura se abrió una comisión de investigación en la que comparecieron los anteriores responsables políticos del PP, a excepción de Rubert. “Todos apuntaban a Ramón Tomás y este culpaba al alcalde de entonces, que era quien supuestamente daba las órdenes. Pero nunca compareció y no se pudo resolver quién tiene las responsabilidad, por lo que está en manos de la justicia, que ahora va a abrir el juicio oral”, manifiesta el concejal.
Asimismo, Serralvo ha señalado que “Piaf era la única empresa que podía trabajar en el mantenimiento de la ciudad, con sobrecostes continuados” y declara que “nos gustaría que todo hubiera acabado ya, pero la justicia es lenta y seguimos pagando, ocho años después, una herencia nefasta, en forma de sentencias y de la trama Piaf”.
El portavoz del equipo de gobierno ha añadido que “pedimos que esto, que afecta al PP de la época –en el que se encontraba el máximo representante actual, Héctor Folgado- que dé la cara y que se explique, que diga lo que sabe”, denuncia. “Por nuestra parte seguiremos defendiendo que no se debe pagar ese dinero y esperamos que ahora que está en manos de la justicia, alguien se anime a dar la cara y ayude a resolver este caso de una vez por todas”, asevera.
Por otro lado, Serralvo ha respondido a la última acusación del PP contra el equipo de gobierno. “Dicen que no invertimos suficiente en Servicios Sociales y saben que no es verdad”, reitera. “El PP jamás se ha atrevido a criticar nuestra gestión en la materia, porque saben que está siendo impecable y se escudan en un informe que se basa en datos generales sin tener en cuenta una realidad de Vila-real, como es que tenemos, al margen de los Servicios Sociales, un apartado en el presupuesto destinado a la alianza con la sociedad civil, en el que se incluyen convenios con todo tipo de entidades que ayudan a los más necesitados, como Cáritas, Joventut Antoniana, Creu Roja y Sant Vicent de Paül”, indica.
Además, el edil recuerda que las ayudas a entidades sociales se han triplicado e incluso cuadruplicado, pasando de los 800.000 euros a más de tres millones. “Creemos que deberían reflexionar sobre lo que hacían ellos” y asegura que “no entendemos esta forma de hacer política, de tan bajo nivel”, concluye.
Por otro lado, el portavoz adjunto del grupo municipal de Compromís por Vila-real, Josep Pasqual Sancho, y el concejal Santi Cortells, han reivindicado este jueves la actuación de Compromís contra la corrupción en el Ayuntamiento desde su llegada en 2011.
Después de conocer en los últimos días que el juez del conocido como caso Piaf ha decidido seguir adelante con el procedimiento y mantiene los indicios de delito y grado de tentativa contra los exgobernantes del PP, Sancho ha explicado que “una vez más, venimos a hablar sobre un tema del que, por suerte, cada vez hablamos menos en Vila-real: de corrupción”. “Porque desde nuestra llegada en el 2011 al equipo de gobierno, echando al PP, hemos puesto en manos de la justicia todo aquello que no hemos visto claro, defendiendo así los intereses y el dinero de toda la ciudadanía donde se tiene que hacer, a los juzgados”, manifiesta.
Sin embargo, el concejal lamenta que “todavía hay una herida abierta que nos preocupa y que, por suerte, pudieron parar algunos compañeros de Compromís que ya no están aquí, como el actual secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez, que fue el encargado de crear y presidir la comisión específica de investigación que sacó a la luz e hizo el seguimiento de toda la trama en la cual el PP utilizaba, presuntamente, la connivencia de una empresa para saquear las arcas municipales”. “Entre esto y las sentencias millonarias que el PP nos dejó como recuerdo, esta ciudad difícilmente levanta cabeza. Como para pensarse el hecho de volver a votarlos”, afirma.
