Imagen de la Cruz de los Caídos en el parque Ribalta. Foto: Antonio PradasCASTELLÓ. El litigio entre el Ayuntamiento de Castelló y Abogados Cristianos a propósito del derribo de la cruz de Ribalta amenaza con durar por los siglos de los siglos... Si el Tribunal Supremo (TS) admite finalmente a trámite el recurso de casación, la asociación calcula que habrá que esperar, al menos, 14 meses para conocer el fallo. Ese es el "periodo medio" que emplea el órgano jurisdiccional a la hora de resolver "procedimientos de características similares", según apuntan sus servicios jurídicos.
Sin embargo, existen dos variables que invitan a pensar que el pleito se puede alargar todavía más en el tiempo. La primera corresponde a los propios trámites administrativos. Diez días después de haber presentado telemáticamente el escrito sobre la pretensión de formalizar el requerimiento extraordinario, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sigue sin elevar la petición a Madrid. No tiene un plazo concreto para hacerlo, como tampoco el Supremo para pronunciarse sobre el recurso de casación cuando reciba la notificación.
Sí que existe una acotación temporal para Abogados Cristianos respecto a la aportación de pruebas en el caso de que su apelación sea aceptada. No obstante, va a depender de las diligencias previas indicadas con anterioridad.
Otro aspecto que se vislumbra determinante obedece al volumen de trabajo a partir de que se recupere la normalidad en la actividad sumarial. Como consecuencia del estado de alarma, decretado el 14 de marzo, las causas no urgentes están paralizadas. Los expedientes se van acumulando en los juzgados día tras día, con lo que se avecina una ralentización en el dictamen de los distintos procedimientos.
Ante este panorama, y siempre que el TS admita a trámite el recurso de casación de Abogados Cristianos, parece improbable que el conflicto de la cruz se resuelva a medio plazo. Es más, el propio colectivo no descarta que se extienda hasta el final de la presente legislatura, que concluye en mayo de 2023.
De confirmarse esas previsiones, el enredo procesal abarcaría más de cinco años, teniendo en cuenta que la asociación ya solicitó al Defensor del Pueblo en 2018 una investigación para detener el decreto de demolición del vestigio franquista. En mucho menos tiempo el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido sacar los restos del Generalísimo del Valle de los Caídos.
Los dos frentes judiciales abiertos por la cruz son, por un lado, la pieza referida a la consignación presupuestaria del consistorio para proceder a la retirada del símbolo de exaltación del franquismo y, por otro, el expediente de derribo, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. En este sentido, la asociación pretende demostrar que en realidad se trata de un monumento con connotaciones religiosas.
El proyecto del Ayuntamiento de Castelló para eliminar el vestigio incluye, además, una remodelación del parque Ribalta, incorporando 800 metros cuadrados entre zonas verdes y paseos. Las áreas ajardinadas se dividen en dos espacios, con especies arbustivas y arbóreas propias del entorno: uno de 321,96 m2 y otro 241,60 m2.
