El Pacte del Grau pasa página al ratificar el cese de Lorenzo y pone a Pérez Macián en el objetivo

CASTELLÓN. El pleno del Ayuntamiento de Castellón ha ratificado este lunes la renuncia del socialista Antonio Lorenzo a su acta de concejal, quien dimitió días antes de ser llamado a declarar por el juez en el caso de las facturas falsas de la Subdelegación del Gobierno. Se pone así punto y final a un capítulo que, si bien no guarda relación con la gestión del Ejecutivo local, podía erosionar la imagen del gobierno municipal a tres meses de las elecciones. El foco ahora está puesto en el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, a quien la Guardia Civil atribuye un supuesto delito de fraude enmarcado en la trama Púnica.

El Pacte del Grau ha dicho adiós a uno de sus principales valedores. Antonio Lorenzo está oficialmente fuera del Ayuntamiento, una vez aprobada su renuncia por unanimidad en el pleno extraordinario celebrado este lunes. Además del cese, se ha acordado pedir a la Junta Electoral la acreditación pertinente para incorporar a la edil sustituta, Monica Barabas, quien ocupa el puesto número 11 en la lista del PSPV de 2015.

La marcha del exconcejal de Gestión Municipal deja a los socios de gobierno sin uno de sus mediadores. La capacidad negociadora de Lorenzo ha sido crucial en estos cuatro años de mandato, un mérito que le reconoce no solo el PSPV, sino también Compromís y Castelló en Moviment.

Sin embargo, la investigación judicial en la que se halla inmerso podía suponer un desgaste para el equipo de gobierno a las puertas de la cita electoral de mayo. Consciente de ello, puso la venda antes de la herida y dimitió días antes de ser imputado. 

El Ejecutivo local se ahorra así el via crucis que ya experimentó con el caso de la exvicealcaldesa, Ali Brancal. Con Lorenzo fuera de la corporación municipal, el devenir de la causa judicial no afecta al Ayuntamiento, teniendo en cuenta además que la investigación se circunscribe a otra administración -la Subdelegación del Gobierno, que dirigió el socialista entre 2007 y 2011-.

Una vez finiquitada su salida, la mira está puesta en el PP. El informe de la Guardia Civil conocido la semana pasada, que apunta al portavoz popular adjunto, Juan José Pérez Macián, y al exalcalde Alfonso Bataller como responsables de la supuesta contratación fraudulenta de servicios a la trama Púnica, pesa como una losa sobre la bancada popular a tres meses de las elecciones.

La portavoz y candidata municipal del PP, Begoña Carrasco, ha de bregar con la amenaza de una posible imputación judicial entre sus filas. De momento, aguanta el tirón, al menos mientras su concejal siga sin aparecer en la lista de investigados. En el frente judicial no hay novedades, pero el ruedo político puede complicarse para los populares tras la investigación interna ordenada por la alcaldesa en busca de posibles pruebas de la vinculación de Pérez Macián con la Púnica.

El edil considera que la revisión de las contrataciones es "una pérdida de tiempo" y un "uso político de los medios técnicos y humanos del Ayuntamiento". Se muestra convencido de que no encontrarán "ninguna factura diferente" a las que ya detalló en el pleno de octubre de 2014, cuando estalló el escándalo de corrupción.

Sin postura común

La polémica en torno a Pérez Macián ha evidenciado la falta de una postura común en el seno de gobierno ante la asunción de responsabilidades políticas. Los socios del PSPV y Compromís siguen sin fijar un criterio único al respecto, y cuando se pronuncian en público lo hacen en nombre de sus respectivos partidos, no como Ejecutivo local. 

El grupo socialista ha exigido la dimisión del edil popular desde el primer momento apelando a la ejemplaridad y al buen nombre del Ayuntamiento, mientras que Compromís se ha conformado, por ahora, con pedir explicaciones. Esta discordancia responde a las distintas formas de proceder en un partido y en otro cuando se han visto envueltos en asuntos judiciales. 

El PSPV saca pecho en este sentido, con el ejemplo de la dimisión de Lorenzo. Sin embargo, Compromís tiene un margen de actuación limitado: su negativa a cesar a Ali Brancal -investigada por presunta malversación a raíz de una querella del PP- le impide ahora, por coherencia, exigir el cese de Pérez Macián, al menos mientras no sea citado como investigado. 

No obstante, desde que estalló la polémica la semana pasada, Compromís ha querido dejar clara la principal diferencia entre ambos casos: la investigación a Brancal se deriva de la denuncia particular del PP, mientras que Pérez Macián ha sido señalado directamente por la Guardia Civil.

De momento, el grupo socialista es quien ha tomado la iniciativa. Dará margen al edil popular y a su grupo para ejecutar el cese y, en última instancia, activará el procedimiento para aplicarle el código ético a través de la Comisión de Gobierno Abierto y Participación -el reglamento interno permite poner en marcha una mesa de estudio cuando algún miembro de la corporación se vea implicado en supuestos casos de corrupción-.

El presidente de la comisión es el edil de Compromís Ignasi Garcia, quien ha mostrado su predisposición a activar los mecanismos necesarios si el grupo socialista pide la comparecencia de Pérez Macián en el órgano municipal.

Cercanía y transparencia

En este contexto no es de extrañar que el PSPV local centre su mensaje electoral en torno a los conceptos de "honestidad" y "honradez". Así lo ha transmitido este lunes la alcaldesa y candidata socialista, Amparo Marco: "llevamos cuatro años al frente del Ayuntamiento y vamos a afrontar una campaña electoral con el mismo presupuesto que hace cuatro años, cuando estábamos en la oposición, porque a nosotros nadie nos paga las campañas". Asegura que se dará cumplida información del presupuesto y de los gastos, puesto que "la transparencia es un valor implícito en el PSPV", añade.

Además, el partido impulsará acciones de proximidad en la precampaña "para potenciar la interacción con la ciudadanía", tal y como ha acordado el comité electoral y la Oficina de la Candidata en una reunión celebrada para definir la estrategia política de cara al 26 de mayo.