El PP de Castellón y el diputado Laguna (PSPV) se citan para un acto de conciliación el 30 de marzo

CASTELLÓ. Las polémicas vacunaciones de los alcaldes de Villahermosa del Río, Luis Rubio (PP), y de Benlloc, Àngel Ribes (PSPV), siguen cursos distintos. En el caso del primero, camina hacia la judicialización con el acto de conciliación interpuesto contra el diputado autonómico socialista Carlos Laguna por atribuir al munícipe popular "la comisión de acciones presuntamente delictivas". Ya hay fecha para que ambos se vean las caras. Será el próximo 30 de marzo cuando el Juzgado de primera instancia número 10 de Castelló celebre la vista de avenencia, en la que el barón del PP no solo solicita al parlamentario una rectificación pública, sino que, además, le reclama el pago de 3.000 euros en concepto de indemnización por daños morales.

El origen del conflicto se remonta al 26 de enero después de que Rubio hubiese recibido la primera dosis de Pfizer el día 10 del mismo mes. Lo hizo en calidad de administrador de la residencia San Antonio Abad de la localidad. Según justificó entonces, su nombre apareció en la relación de personas que desde el propio geriátrico se hizo llegar a la Conselleria de Sanidad, de ahí que finalmente aceptara ser inoculado.

A raíz de difundirse la noticia, Laguna exigió la dimisión del alcalde de Villahermosa por considerar que se había inmunizado "sin pertenecer a los grupos de riesgo de la primera fase, saltándose cualquier lista y aprovechándose de su cargo". Las acusaciones del diputado castellonense derivaron en la formalización de una demanda por parte del popular, respaldado económica y jurídicamente por su partido, que asumirá el pago de las costas.

Sin novedades del expediente

Unas semanas después de trascender la irregular vacunación del alcalde de Villahermosa del Río, la controversia salpicó al PSPV. En concreto, el 2 de febrero al conocerse que el primer regidor de Benlloc también había sido inoculado, pero el 12 de enero, con la sustancia orgánica contra la covid-19. La ejecutiva provincial socialista, presidida por su secretario general, Ernest Blanch, anunció la inminente suspensión de militancia de Ribes y la apertura de un expediente disciplinario. 

El munícipe achacó su vacunación a "la falta de instrucciones sobre qué hacer" al respecto por parte de los sanitarios que estaban procediendo a inyectar las dosis en el centro de salud del municipio. Así lo señaló en un comunicado difundido por el Ayuntamiento, insistiendo en la inconcreción de la Conselleria respecto a la forma de proceder "en caso de dosis sobrantes". 

A pesar de esas explicaciones, la dirección del PSPV siguió adelante con su sumario con el fin de esclarecer los hechos, informando de ello a Ferraz para que, en el menor tiempo posible, nombrara un instructor. Ese tutor debe encargarse de la investigación a fin de dilucidar el futuro de Ribes dentro de la formación y, por extensión, en el consistorio como alcalde.

Más de un mes después de notificar a Madrid la irregular inmunización, no existe ninguna novedad, según apuntan fuentes de la ejecutiva provincial. Ni siquiera se conoce el nombre del legislador que debe recopilar la información y entrevistar a los implicados en la polémica para determinar si finalmente el primer concejal se saltó el protocolo o, como él insiste, hubo un error de Sanidad a la hora de informar con claridad acerca de las instrucciones de vacunación.