CASTELLÓ. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, señala que el nuevo Plan General del gobierno de Amparo Marco "supone una auténtica bomba de relojería" para la Marjaleria, ya que "pone nuevas trabas" a su regularización definitiva.
Por un lado, Toledo explica que "la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (Date) que el equipo de gobierno ha aceptado sin rechistar obliga a todas las viviendas a tener que estar por encima de la cota de inundabilidad para poder ser legalizadas, lo que implicaría la necesidad de que los propietarios afectados tuvieran que derribar sus inmuebles y volverlos a construir, dado que muchos de ellos se encuentran en cotas por debajo de este nivel".
"Además, el documento exige la resolución tanto del problema de vertidos de las viviendas existentes como del riesgo de inundabilidad en la zona, además de evitar la afección a especies protegidas impidiendo la construcción de nuevas viviendas y equipamientos y establece un plazo de tres años, desde la aprobación del Plan General Estructural, para presentar las actuaciones previstas y de diez años desde la probación para que estas obras sean ejecutadas", reseña Toledo, que indica al respecto que "en caso de que se incumplan estos plazos, la propia Date establece que no se podrán promover modificaciones del Plan General Estructural en todo el término municipal, lo que condiciona gravemente el desarrollo futuro de nuestra ciudad".
En el caso concreto de la Marjaleria, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular lamenta que, "en lugar de seguir trabajando en soluciones efectivas que tengan en cuenta las características especiales que tiene esta zona de la ciudad, el Plan General Estructural que Amparo Marco lleva al pleno a toda prisa y sin consensuar ni con la oposición, ni con los colectivos profesionales de la ciudad, ni con los afectados, deroga el Plan Especial de la Marjaleria, obviando la singularidad de esta zona de Castellón, lo que va a generar un nuevo problema añadido a los residentes a la hora de legalizar y consolidar sus viviendas".
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.
