Votación del último pleno en el ayuntamiento. Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. El Grupo Municipal Popular apuesta por constituir una comisión de trabajo para garantizar la protección de las Tascas y, con ello, permitir el consumo de alcohol en la calle. A través de una moción que presentará en el pleno de este jueves, planteará crear un grupo compuesto por políticos (oposición incluida), hosteleros y Sense Soroll, que materialice una estrategia real de acción a través de un calendario de actuaciones.
El objetivo de la propuesta es doble. Por un lado, mostrar la voluntad de la corporación por solucionar un asunto tan delicado y polémico. Por otro, declarar a corto plazo las calles Barracas e Isaac Peral como zonas de tradición gastronómica, ateniendo al cambio introducido en la Ley de Salud Pública, y que ampare las Tascas en el momento de desaparecer la ZAS.
En el fondo, la moción que el PP someterá a votación y debate está en la línea de lo que siempre ha defendido el equipo de gobierno. Sin embargo, el principal partido de la oposición pretende que la expresión "cuando se den las garantías jurídicas", defendida por el tripartito como condición indispensable, deje de sonar a una excusa para posponer en el tiempo la solución definitiva.
La clave de todo residirá en la redacción del nuevo artículo 26 de la ordenanza de Convivencia Ciudadana, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El Acord de Fadrell se cobijará en el concepto velador como argucia legal para sortear la resolución judicial y evitar la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública.
No obstante, desde el Partido Popular se insiste en que la seguridad jurídica de las Tascas cerrará cualquier puerta a nuevos litigios con la declaración de zona de tradición gastronómica y siempre desde el consenso de las partes implicadas.
En este sentido, se considera contraproducente cargar de responsabilidad a los hosteleros para reducir el ruido en las Tascas y a partir de ahí eliminar paulatinamente las restricciones de la ZAS. La disminución del bullicio obliga, en opinión de los propietarios de los locales, a mejorar los canales de comunicación y colaboración entre todos los agentes afectados por la problemática.
