CASTELLÓ. La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciado que el PP elevará al próximo pleno municipal una declaración institucional para instar al Ejecutivo a que “aporte información detallada y los recursos suficientes para que las entidades locales puedan gestionar con garantías" el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el Gobierno ha puesta en marcha.
El PP asegura que “a día de hoy, la gestión de una ayuda de emergencia social en el Ayuntamiento de Castelló tarda entre un mes y dos meses de media, y en algunos casos mucho más” y teme que el IMV incremente las cargas que actualmente ya se están asumiendo.
“El Gobierno de España no ha consensuado esta medida ni contado con la opinión de comunidades autónomas ni ayuntamientos durante el proceso de elaboración de la norma que regula el Ingreso Mínimo Vital, lo que puede lugar a duplicidades e ineficacias en la gestión, además de generar incertidumbre e inseguridad jurídica”, ha expuesto Carrasco, quien ha agregado que esta renta mínima “tiene los mismos objetivos que los programas que ya están gestionando las comunidades autónomas y las entidades locales para favorecer la erradicación de la pobreza extrema y promover la inclusión social y la participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad”.
“Aunque compartamos la filosofía de ayudar a los más vulnerables, quizá hubiese sido más eficaz y eficiente transferir fondos a las comunidades autónomas y entidades locales para que pudiesen continuar reforzando y ampliando las ayudas ya existentes, o bien rediseñarlas, si fuese necesario, para que pudiesen cumplir mejor sus objetivos”, ha valorado Carrasco.
La portavoz municipal de los Populares ha subrayado al respecto que “lo que sí sabemos es que, aunque la competencia para el reconocimiento y control de la prestación corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán iniciar el expediente administrativo si suscriben un convenio con la Seguridad Social. Pero, si lo hacen, resulta que los gastos extra derivados de esa gestión deberán afrontarlos las entidades locales exclusivamente con cargo a sus ingresos”. “Esta circunstancia podría suponer una importante carga adicional para las entidades locales, que desde antes el inicio de la pandemia ya venían asistiendo y ayudando a los vecinos y familias más vulnerables y que durante estos meses han reforzado las áreas de Servicios Sociales y aumentado las partidas presupuestarias destinadas a estos servicios y ayudas”, ha explicado Carrasco.
Así mismo la popular, ha apuntado que “el incremento de las necesidades debido al coronavirus ha hecho que en la actualidad el acceso a una ayuda de emergencia social tarde en tramitarse por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castellón una media de entre uno y dos meses, aunque todavía hay casos mayores”.
Por ello, el Grupo Municipal Popular elevará al próximo pleno municipal una declaración institucional para que el Ayuntamiento de Castelló inste al Gobierno de España y, en concreto, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a “crear un fondo que permita a aquellas entidades locales que asuman la gestión de esta nueva prestación a atenderla de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes, ya que sin esos fondos adicionales será inviable para las entidades locales gestionar esta nueva prestación estatal”.
“Tenemos más dudas que certezas y lo último que necesitaríamos es que la gestión del Ingreso Mínimo Vital termine de colapsar unos servicios sociales que ya se encuentran al límite de su capacidad”, ha aseverado la portavoz de los Populares, que ha indicado que, por ello, “también reclamamos al Gobierno que envíe, de forma urgente y a todas las entidades locales, el borrador del convenio que tendrían que suscribir para gestionar esta ayuda, con el fin de que puedan analizar con sus servicios técnicos las posibles implicaciones económicas, jurídicas y de gestión y valoren adecuadamente si el ayuntamiento puede asumir esa gestión o bien ésta debe permanecer en el Instituto Nacional de la Seguridad Social”.
Además, en materia territorial, Carrasco ha lamentado que “determinadas comunidades autónomas, como País Vasco, Navarra o Cataluña, sí podrán gestionar de manera independiente esta nueva prestación”. “Creemos que ello supone un agravio comparativo entre unas y otras comunidades autónomas que contradice la igualdad entre españoles consagrada por la Constitución Española, por lo que pedimos al Gobierno que garantice que todas las autonomías puedan participar de la misma manera en la tramitación y/o gestión de esta ayuda, si consideran que es lo más adecuado para su ciudadanía”, ha concluido la portavoz municipal del PP.
