CASTELLÓ. El basurazo ha sido el gran protagonista del pleno ordinario de la Diputación de Castellón. La moción presentada por el PP para rechazar la nueva tasa de residuos "impuesta por el Gobierno" ha salido adelante gracias a los votos del equipo de gobierno y Vox, mientras que el PSPV y Compromís se han opuesto.
El debate de la propuesta, como era de esperar, ha generado un rifirrafe entre los portavoces popular, Héctor Folgado, y socialista, Samuel Falomir. Términos o expresiones como "arma política, mentir, tasa de saqueo o pagar a escote" se han repetido en varias ocasiones. El pleno solo ha aprobado esta propuesta al rechazarse las presentadas por la oposición sobre el parking del Provincial, el helipuerto de La Jana y la paralización de Cultura y Patrimonio en la concesión de autorizaciones de proyectos de rehabilitación.
Durante la sesión, ha sido palpable la tensión y distanciamiento entre los dos principales grupos, esto es, el PP y el PSPV tras el anuncio de este último días atrás sobre una ruptura para llegar acuerdo tras la postura del primero respecto al tasazo.
La moción impulsada por el gobierno municipal sobre el basurazo exige al Gobierno Central a replantear o estudiar métodos más flexibles de transición y prestar ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, para que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa. Como ha expresado Folgado, "esta ley supone un ataque a la autonomía de la administración local, puesto que obliga a incrementar la tasa incluso en ayuntamientos económicamente saneados y con la capacidad financiera suficiente para hacer frente al déficit que genera este servicio". Al respecto, la institución provincial, respetando la autonomía local de los Ayuntamientos, se opone a que tengan que repercutir el 100% del coste de la recogida de residuo en la ciudadanía e insta al Gobierno de España a tener en cuenta las peticiones y el posicionamiento de todas las administraciones locales que han mostrado su oposición.
Y es que, con la nueva ley, ahora cambia el paradigma, puesto que la tasa que se cobre no puede ser deficitaria, es decir que los vecinos deben pagar íntegramente todo lo que cuesta el servicio y además el impuesto por vertido, sin que los ayuntamientos puedan seguir congelando el impuesto y financiando una parte de todo. Así, como ha lamentado el vicepresidente provincial "habrá vecinos que pagarán más por la tasa de residuos que por la contribución".
El PSPV ha denunciado que el PP ha convertido el pleno provincial "en un mitin de campaña bajo la directriz de Marta Barrachina de seguir propagando mentiras sobre la tasa de basuras, cuya aplicación será obligatoria a partir de 2025. No es una decisión del Gobierno de España, lo repitan una o mil veces", ha señalado Falomir,, quien ha acusado a la presidenta del PP de "hacer gala de su ignorancia" al afirmar que la normativa europea es solo una recomendación. "O ignorancia o maldad, porque lo cierto es que las directivas son de obligado cumplimiento para los estados miembro".
El portavoz de Compromís, David Guardiola, ha recordado que "la mejora en la gestión de residuos es la única vía sostenible para reducir la carga económica que el aumento de la tasa de residuos supone para nuestros vecinos y vecinos". Por eso, "consideramos irresponsable e incoherente la postura del Partido Popular de Barrachina, que prefiere dar largas a buscar consensos y soluciones". "Estamos ante un PP que no busca mejorar la gestión para abaratar las facturas en la ciudadanía, sino de echar las culpas al vecino". "Lo que sí que ha hecho ha sido eliminar las ayudas a la recogida selectiva puerta a puerta y eliminar los educadores ambientales, dificultando todavía más la mejora de la gestión y el abaratamiento", añade.
Por su parte, el diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha lamentado que Pedro Sánchez quiera "crujir a impuestos con este hachazo fiscal a las familias y a los trabajadores; quienes menos culpa tienen". El representante del partido de extrema derecha ha apoyado con su voto favorable la propuesta del PP en la que se exige al Gobierno de España "replantear o estudiar métodos más flexibles de transición y prestar ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, para que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa".
En otro orden de cosas, la sesión plenaria ha aprobado un convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Diputación Provincial de Castellón y la Universitat Jaume I, para la mejora del conocimiento hidrogeológico de las masas de agua subterránea en la provincia de Castelló. Como ha explicado Folgado, se va a llevar a cabo un estudio "para analizar cómo están nuestros acuíferos para dar una respuesta adecuada a los problemas de suministro de agua potable en la provincia".
Asimismo, el pleno ha aprobado la primera prórroga de la gestión integral, mantenimiento, conservación y modernización de la red de carreteras, cuya titularidad ostenta la Diputación de Castellón. Dicha prórroga será efectiva durante el 2025 y tiene un presupuesto de 8 millones de euros.
