CASTELLÓ. El nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Castelló, integrado por el PP y Vox, confía en que en un plazo máximo de "año y medio" la recuperación del topónimo bilingüe de la ciudad sea una realidad. Tras incoar la alcaldesa, Begoña Carrasco, a finales de junio el expediente administrativo, ahora la Junta de Gobierno Local avala lo que se denomina como "providencia de inicio" para que se active la tramitación.
El acuerdo supone realizar "los actos de instrucción que resulten necesarios para el cambio de la denominación del municipio [...] con la introducción de la versión castellana con la finalidad de restituir la tradicional forma bilingüe Castelló de la Plana/Castellón de la Plana". La próxima semana, con motivo del pleno ordinario del mes (jueves 30 de noviembre), el ejecutivo local someterá a votación el dictamen, que presumiblemente saldrá adelante solo con los apoyos de los concejales de la derecha y de la extrema derecha (suman 15 ediles).
"Me sorprendería que el PSPV y Compromís votasen a favor. Como miembros del anterior gobierno, decidieron suprimir la pasada legislatura la versión en castellano del topónimo", señala el portavoz del ejecutivo local, Vicent Sales. "Lo que hacemos nosotros es cumplir con el compromiso adquirido con los electores", agrega. En efecto, cuando en junio Carrasco firmó el expediente, señaló que "tomamos la decisión porque era un compromiso de campaña".
La desaparición de la denominación castellana del topónimo se adoptó en 2018 a instancias del Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EU). Mediante decreto 40/2019 de 22 de marzo, el Consell acordó el cambio de nombre, cuya publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se materializó el 23 de marzo y 15 de abril del mismo año, respectivamente.
El Partido Popular, entonces en la oposición, trató de frenar la medida con un primer recurso ante el Contencioso-administrativo en junio de 2019. Sin embargo, el juzgado falló a favor del Ayuntamiento, lo que llevó al grupo municipal liderado por Carrasco a formalizar una segunda alegación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En mayo de 2022, el TSJCV desestimó el recurso del PP al entender que el acuerdo plenario sobre el topónimo "no infringe ninguna disposición normativa y la nueva denominación de la ciudad, que está incluida entre las de predominio valencianoparlante, es acorde con su tradición histórica y lingüística". Esa sentencia cerró el expediente.
Tras las elecciones del 28M, y con el cambio de signo político en el consistorio, el nuevo equipo de gobierno inició el expediente para recobrar el topónimo bilingüe de la ciudad. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio y a propuesta de la alcaldesa, se ordenó el comienzo de las actuaciones administrativas, a falta del acuerdo plenario, que se producirá en unos días. "Cuando se apruebe, tendremos seis meses para hacer llegar a la Conselleria la documentación y continuar con la tramitación, que requerirá diferentes informes", explica Sales.
En vista del precedente de la pasada legislatura, "creemos que el proceso será parecido, por lo que durará año y medio. Al Ayuntamiento los plazos se le escapan porque depende de otras administraciones con tiempos tasados", agrega el portavoz del gobierno municipal.