CASTELLÓ. El PPCS ha bloqueado cualquier vía para que los concejales tránsfugas de Torreblanca, María Ferrando y Antonio Martínez, puedan percibir sueldos como integrantes del gobierno municipal. A través de un escrito dirigido a la secretaria del consistorio, informando de la expulsión de ambos como miembros del Partido Popular, la propia funcionaria se ve abocada a aplicar la ley, pasando los ediles al grupo de no adscritos, sin posibilidad de disfrutar de unas retribuciones superiores a las que les correspondían estando en la oposición, esto es, 400 euros por asistencia a las sesiones plenarias y en concepto de dietas.
La maniobra de la dirección provincial popular impedirá a la alcaldesa, Josefa Ten (PSPV), oficializar los fichajes en el próximo pleno, en el que se aprobarán las nuevas remuneraciones de los munícipes con competencias de gobernanza. De hecho, motivó la suspensión de la convocatoria prevista para el pasado 20 de febrero.
En el documentado, suscrito por Elena-Vicente Ruiz, como secretaria general del PP en la provincia de Castellón, se manifiesta que, "con fecha 11 de febrero, el comité de Derechos y Garantías del Partido Popular acordó" la destitución de los ediles mencionados, "quedando, en consecuencia, inhabilitados para representar" a la formación con la que participaron en los comicios del 26M.
Además, se insta a aplicar el artículo 134 4D de la Ley 8/2020, de 23 e junio, de la Generalitat de Régimen Local, en el que se explica que "[...] pasarán a tener la condición de concejales no adscritos aquellos miembros de la corporación en los que concurran alguna de las siguientes circunstancias: d) haber abandonado o haber sido expulsados del partido político que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones".
Por si no quedara claro, en el punto cuarto del escrito, y siempre en aplicación del mismo precepto autonómico, se pide que la medida se ponga en conocimiento de la corporación en la próxima sesión plenaria.
Fuentes de la dirección provincial del PP aseguran que, nada más pronunciarse el comité de Derechos y Garantías, se informó a los afectados mediante carta certificada. Según Ferrando, "no hemos recibido nada", a pesar de haber transcurrido dos semanas.
Ante esta situación, el siguiente paso de los populares será "un requerimiento notarial", precisan las mismas fuentes. "No han presentado alegaciones [los concejales] y están expulsados del partido desde el 11 de febrero, aunque digan que no saben nada", añaden.
El 7 de febrero, a través de un comunicado, el Partido Popular denunció que Ten había incorporado a dos tránsfugas, que "se habían vendido a cambio de una delegación, traicionando a los votantes". Esa representación institucional se habría traducido en una compensación económica de 18.000 euros anuales, cantidad que "ya no podrán cobrar", subrayan desde el PPCS para concluir.
