Ali Brancal y Amparo Marco, en el pleno del pasado mes de noviembre. (Foto: ANTONIO PRADAS)CASTELLÓN. Los últimos documentos presentados por Compromís para avalar la continuidad de la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, no han convencido al grupo socialista, por lo que finalmente, y si no hay cambios de última hora, se abstendrá en la votación del pleno este jueves y la dejará caer. Desde las filas socialistas no ven concluyentes los escritos que esgrime la coalición y no hay visos de que modifiquen su postura inicial.
La vicealcaldesa, investigada por presunta malversación por el supuesto envío de papeletas electorales del Bloc (Compromís) en 2014 a través del correo municipal, se enfrenta este jueves al pleno en el que se someterá a votación la aplicación del Código de Buen Gobierno. Esta normativa interna contempla el cese de funciones en caso de imputación por delitos de corrupción y, si finalmente se aprueba su aplicación, Brancal perderá sus competencias como vicealcaldesa y edil de Vivienda, Igualdad y Participación, y quedará como concejala rasa, pues el código no obliga a renunciar al acta.
La aritmética del pleno y el equilibrio de fuerzas actual hace que el voto de los socialistas sea determinante. El PP y Ciudadanos votarán a favor del cese, mientras que Castelló en Moviment (CSeM) se alineará con Compromís en defensa de la vicealcaldesa. Así, el grupo socialista inclinará la balanza y, salvo sorpresa, lo hará dejando caer a Brancal. Los documentos esgrimidos por la coalición, la última baza con la que contaba Compromís, no han satisfecho sus expectativas.
Cuando el grupo municipal de Amparo Marco pidió a sus socios de gobierno documentación que avalara sus argumentos para no aplicar el código y mantener a la edil en el cargo, esperaba un informe de una autoridad jurídica imparcial elaborado ex profeso para este caso. Un escrito que despejara las dudas surgidas en torno a su situación judicial y la aplicabilidad de un código ético que ha dado pie a interpretaciones discrepantes sobre la fase procesal en la que pone el listón ético.
Compromís y CSeM se acogen al título del Anexo 1 en el que habla de "imputación formal" para asegurar que se refiere al momento del encausamiento (una fase procesal posterior a la investigación) y que, por tanto, hoy por hoy Brancal no debe ser cesada. Sin embargo, en el desarrollo del texto también aparece el término imputado, sin el adjetivo "formal", por lo que la interpretación no está tan clara como pretende Compromís. El propio dictamen elaborado con la asistencia de los servicios jurídicos municipales que se somete a votación este jueves da por hecho que cabe la aplicación del código en el caso de la vicealcaldesa, dejando en manos del pleno la decisión final.
En este sentido, la documentación aportada por Compromís en la reunión que mantuvieron este martes no resulta concluyente, a ojos del PSPV, ni está relacionada con el caso en cuestión. Para empezar, el informe elaborado en 2011 por una comisión de especialistas, entre los que se encontraba la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, solo expone recomendaciones para "promover la claridad del lenguaje jurídico", pero no define las implicaciones terminológicas que se debaten en este asunto.
Por otra parte, el artículo del vicepresidente del Tribunal Supremo y expresidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes Peces, aportado por Compromís como aval de su argumentario, tampoco ha convencido al grupo socialista por varias razones. El texto titulado El concepto de imputado en el nuevo código procesal penal se publicó en 2014, es decir, antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), por lo que no se ajusta al marco jurídico actual. Además, se trata de un artículo de opinión "personal", inciden, que sugiere cambios en la nomenclatura no contemplados posteriormente en la legislación. Por ejemplo, propone "mantener la categoría de imputado", algo que se eliminó con la reforma de la ley.
Más allá de las disquisiciones jurídicas y los criterios discrepantes en la interpretación del código y la situación procesal de la vicealcaldesa. Su cese se circunscribe a un plano político en el que el grupo socialista ha marcado distancias respecto a Compromís. El posicionamiento ya lo adelantó hace unas semanas la alcaldesa, Amparo Marco, al señalar que si un concejal socialista se encontrara en esta situación ya habría dimitido.
En este sentido, el secretario general del PSPV provincial, Ernest Blanch, ha apelado a la responsabilidad de las organizaciones políticas y de la propia vicealcaldesa. En un encuentro con periodistas este miércoles, el líder socialista ha señalado que el asunto de Ali Brancal es "un buen espejo para los partidos y para que estos ejecuten sus decisiones con coherencia". En este caso, ha añadido, "nos encontramos con Alicia frente al espejo". "Es un asunto político al que hay que dar una solución política", concluye.
Y precisamente en esto es en lo único en lo que parecen estar de acuerdo los socios de gobierno. El portavoz municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha incidido en que este asunto es cuestión de voluntad política y confía en que el PP "se quede solo" en su "intento" de evitar la gobernabilidad de la ciudad. Así se ha manifestado este miércoles tras la ronda de reuniones con los socios del Pacte del Grau -PSPV y CSeM- y Ciudadanos, con quien se reunirán de nuevo este jueves, para trasladarles la documentación que, según la coalición, refrenda que el Código de Buen Gobierno no es aplicable en el caso de Brancal. En este sentido, considera que "no hay ninguna duda jurídica".
Garcia ha subrayado que en el pleno de este jueves se producirá una votación "política", donde "los grupos políticos deberemos decidir si apostamos por la gobernabilidad o, por el contrario, vamos a hacer el juego al PP, que está intentando evitar que expliquemos todas las políticas que hemos hecho centradas en las personas". El edil ha hecho un llamamiento a todos los grupos para que "no se dejen engañar por las mentiras del PP y nos atengamos a la literalidad de lo que hay, y es que estamos hablando de imputaciones formales, que es una línea ética muy exigente y no hace falta endurecerla porque los que gobiernan son otros".
En la comparecencia ante los medios, ha intervenido también la coportavoz nacional de Compromís, Àgueda Micó, quien ha pedido al resto de concejales que dan apoyo al Gobierno municipal que tengan un posicionamiento "firme y favorable" a la continuidad del mismo y al trabajo que está haciendo. Además, ha señalado que lo sucedido en Castellón "no es un tema estrictamente local, ya que es una de las ciudades más importantes de la Comunitat Valenciana" y ha recordado que Compromís esta siendo "clave" no solo en la gobernabilidad de la capital de la Plana, "sino de la mayoría de gobiernos de cambio en el territorio y también del Govern del Botànic".
Por último, ha dejado claro que el acuerdo de gobierno local seguirá en pie "pase lo que pase" en el pleno de este jueves y ha subrayado que la coalición es "garantía de estabilidad y de lealtad con nuestros socios de gobierno". Por ello, piden "reciprocidad" al grupo socialista y que tenga "las mismas alturas de miras y la misma responsabilidad" que Compromís.
La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha pedido a Compromís que se aplique "la misma medicina que ellos recetaban" en el caso de la vicealcaldesa Ali Brancal, y ha añadido que "si se produce una imputación de la vicealcaldesa, que fue nombrada por la alcaldesa, Amparo Marco, ella es quien la tendría que haber cesado".
Según ha apuntado, los populares respetan y creen en la presunción de inocencia, "pero, según decían, por la honorabilidad y la buena imagen y reputación del Ayuntamiento, fueron Compromís y EU los impulsores de ese Código de Buen Gobierno que todos nos dimos y lo que pedían es que cuando se produjera la imputación, uno se apartara de sus funciones".
